En medio de la polémica que se ha desatado en el país por cuenta de la licitación de los pasaportes que finalmente fue adjudicada a la empresa Thomas Greg & Sons, desatando la ira del presidente Gustavo Petro, la Contraloría pidió al Gobierno que presente las pruebas de las irregularidades que están denunciando.
Cabe resaltar que después de que se emitiera la resolución 1396, que adjudicó el contrato para la expedición de pasaportes a Thomas Greg, el presidente Petro declaró insubsistente al funcionario que entregó este contrato, argumentando que hubo “traición” y que se debe investigar si hubo irregularidades, incluso de tipo penal.
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“El secretario general de la cancillería nos ha traicionado. Se firma su insubsistencia inmediata. El contrato es corrupto y aquí está metida la capacidad de la empresa particular en todo los procesos de Thomas Greg & Sons y en la monopolización de todos los datos privados en una sola empresa privada (...) Toda la investigación penal debe desarrollarse”, dijo el jefe de Estado en su cuenta de X.
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No obstante, respecto a la adjudicación del contrato, el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, consideró que la licitación original se apegaba a la ley y a las normas de contratación, por lo cual adoptó la decisión, resaltando que se iba del cargo con la conciencia tranquila por hacer bien las cosas.
Pasaportes.
La situación llegó a tal punto, que la Contraloría General de la República tuvo que intervenir, pidiendo que si hay pruebas que demuestren irregularidades en el proceso, se presenten cuanto antes, con el fin de abrir una investigación urgente, en caso de que se amerite.
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El contralor general (e), Carlos Marío Zuluaga, indicó que todo debe arrancar por comprobar los hechos que se están denunciando y, dando urgencia a lo dicho por el presidente Petro, invitan a que se presenten las pruebas que sustenten las denuncias de las que han hablado tras la adjudicación de la licitación de pasaportes.
El presidente Gustavo Petro y José Antonio Salazar.
“Nos preocupan las declaraciones del Presidente alrededor de hechos de corrupción. Queremos tener esos insumos para saber exactamente dónde se configuran esos hechos de corrupción”, indicó Zuluaga.
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No obstante, dejó claro que en varias oportunidades “hemos manifestado desde el momento que hicimos la función de advertencia, que la existencia de un solo oferente o proponente en un proceso licitatorio no es óbice para que se declare desierta. Declarar desierta o nula una licitación es porque quien se presente sea uno o dos no cumple los requisitos establecidos en esos términos de referencia”.
Pasaporte colombiano
iStock
La Contraloría resaltó que, por el contrario, no adjudicar la licitación, cumpliendo todos los términos que exige la ley, se puede convertir en varios impactos negativos para la Nación que fueron advertidos en su momento.
“Es muy probable que en el segundo semestre de este año vayamos a verificar todas las circunstancias sobre las cuales se desarrolló este proceso licitatorio y por supuesto su adjudicación. Ha habido también un proceso de adjudicación que por supuesto cambia por completo la dinámica y el alcance de la demanda que está en curso”, concluyó el Contralor.
A pesar de lo ocurrido el pasado 26 de febrero, el canciller (e), Luis Gilberto Murillo, informó que el proceso de licitación se mantiene suspendido con el fin de evaluar las más de 550 observaciones de 19 interesados y definir condiciones de competencia y transparencia.
Murillo también dio a conocer que se está examinando la actuación de Salazar "al asumir una competencia retroactiva y al intentar llevar a cabo la celebración de un contrato por 599 mil millones de pesos sin contar con el respaldo presupuestal necesario".
DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO
Portafolio
