Durante un encuentro entre representantes de taxistas y el Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, el mandatario afirmó que “se combatirán las formas de ilegalidad en la prestación del servicio público de pasajeros desde la reducción de la pobreza y la generación de empleo, evitando que las multinacionales que utilizan plataformas se lleven las riquezas que generan nuestros conductores”.
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El comentario del presidente se dio luego de las quejas de los taxistas sobre la operación de plataformas de transporte como Uber, DiDi, Cabify, Beat, entre otras, que aún no están reguladas.
En entrevista con Blu Radio, el ministro de Transporte Guillermo Reyes reconoció que para el Gobierno, así como para el presidente Petro estas plataformas son ilegales y se debe analizar su operación, teniendo en cuenta que se tratan de empresas extranjeras que se llevan las riquezas de los conductores del país.
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“Es evidente que se están llevando los recursos del país, que no están pagando tributos, que no están generando ningún tipo de regalías. La orden es perentoria, que, entre el Ministerio de las TIC, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Transportes, definan qué se va a hacer con el tema de regulación de las plataformas en las próximas semanas”, dijo Reyes en la entrevista.
Presidente Petro se reunió con representantes de taxistas.
Presidencia
Para analizar esta situación, el presidente Petro dio instrucciones a su gabinete para hacer una mesa de trabajo que defina los lineamientos para el futuro de estas plataformas.
Frente al tema, el director de Alianza In, José Daniel López, rechazó la afirmación de que estas apps de movilidad son ilegales y llamó a que se cree una regulación para operar.
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“Estas empresas pagan pagan IVA desde 2017, además, varias de ellas están domiciliadas en Colombia y, por lo tanto, tributan”.
López afirmó que tampoco es cierto que la riqueza que genera el trabajo digital se lo llevan las empresas fuera del país pues entre el 80 y el 90% del valor que los usuarios pagan le queda al conductor que presta el servicio.
Finalmente dijo que “es muy distinta la falta de reglamentación, a la cuestión de legalidad”.
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