Un total de 200 personalidades, entre líderes políticos, académicos y exministros, firmaron un comunicado en el cual rechazan la propuesta del presidente Gustavo Petro, relazada la semana pasada por el nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, de adelantar un nuevo proceso constituyente en el país.
En dicha carta, los firmantes manifestaron su preocupación y rechazo frente a esta propuesta, y las expusieron en seis puntos.
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En primer lugar, asegurando es es fundamental defender la Constitución vigente, que, precisamente, cumplí 33 años el pasado 4 de julio.
Juan Fernando Cristo, ministro del Interior
Milton Díaz / Portafolio
"Es fundamental respetar y defender la Constitución Política como la norma suprema del Estado colombiano, garantizando la protección de los derechos fundamentales y el funcionamiento de las instituciones democráticas. Los beneficios generados por la Constitución de 1991 han sido múltiples, desencadenando importantes y poderosas conquistas en materia de derechos civiles, políticos, ecológicos y sociales. Colombia no requiere de una nueva Constitución", señalan en el documento.
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A posteriori, los firmante aseguran que existen mecanismos institucionales y democráticos que permiten abordar reformas constitucionales, haciendo mención del Congreso de la República y los mecanismos de participación ciudadana, e insisten en que estos deben ser fortalecidos y respetados.
Los firmantes insisten, además, en que la convocatoria a un proceso constituyente puede traer serias consecuencias de inestabilidad política para Colombia.
"La convocatoria a una constituyente generaría inestabilidad política e institucional en el país, afectando la gobernabilidad y la confianza de los ciudadanos en las instituciones", señalaron.
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Aseguran también que un nuevo proceso constituyente podría ser una especie de de 'caja de Pandora' que podría generar un riesgo para la democracia nacional.
Gustavo Petro.
EFE
"Una Constituyente podría abrir la puerta a cambios radicales en la estructura del Estado y en los derechos fundamentales, poniendo en riesgo la estabilidad democrática, el modelo económico y el Estado de Derecho en Colombia", aseveran.
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Añaden que causarían "una enorme ola de incertidumbre e inestabilidad jurídica y económica, lo cual se traduciría en menor inversión, desempleo, la ralentización del crecimiento, destruyendo al sector productivo y a nuestro tejido social".
Finalmente, hablan de los riesgos que traería para la economía nacional, más aún cuando en este momento la prioridad es fortalecer los diferentes sectores que hacen parte de esta.
Casa de Nariño
Presidencia
"La realización de una Constituyente implica altos costos económicos para el Estado colombiano en un momento en el que se requiere priorizar la inversión en áreas estratégicas, así como en la reactivación económica. Recientemente el gobierno hizo un recorte de 20 billones de pesos, por lo que financiar un proyecto de este calado es inconveniente", cierran.
PORTAFOLIO
*Con información de EL TIEMPO - POLÍTICA
