El presidente Gustavo Petro confirmó que aceptó la renuncia de Carlos Ramón González, director de la Dirección de Inteligencia Nacional, salpicado en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD).
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Por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X, el jefe de Estado dijo que el cargo de González "como responsable de inteligencia civil es incompatible con cualquier investigación judicial y con el mismo aparato de justicia del país".
Finalmente escribió que "para tranquilidad de fiscales y jueces, para su independencia y buen juicio y para la misma labor de defensa de los abogados de Carlos Ramón, lo mejor es la separación de su cargo".
Acepto la renuncia de Carlos Ramón director de la Dirección de Inteligencia Nacional.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) July 26, 2024
Su cargo como responsable de inteligencia civil es incompatible con cualquier investigación judicial y con el mismo aparato de justicia del país.
Para tranquilidad de fiscales y jueces, para…
Defensa a Minhacienda
Por su parte, este viernes el presidente Gustavo Petro reafirmó el voto de confianza a su ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, vinculado a este escándalo.
Según Petro, las actuaciones de Bonilla, señalado por la Fiscalía de haber sido determinante en la adjudicación de tres contratos por 92.000 millones de pesos para beneficiar a seis congresistas a cambio de su apoyo al Gobierno, no son diferentes de las de otros ministros de Hacienda.
“Creo en la inocencia del ministro de Hacienda, porque sé qué le ha tocado pasar a todos los ministros de Hacienda para mantener la estabilidad macroeconómica del país”, manifestó Petro, quien está en París para asistir a la inauguración de los Juegos Olímpicos, en su cuenta de X.
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La Fiscalía colombiana imputó el jueves 25 de julio cinco cargos al exdirector de la UNGRD Olmedo López y al exsubdirector para el Manejo de Desastres de esa entidad Sneyder Pinilla, principales implicados en el escándalo de corrupción.
Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda.
EFE
Los cargos son por los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
La imputación tiene como origen la supuesta malversación de $46.800 millones en la compra por parte de la UNGRD de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a zonas desérticas del departamento caribeño de La Guajira, a la que le siguieron otras irregularidades.
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Según la Fiscalía, basada en testimonios de los implicados, Olmedo López también coordinó con el ministro de Hacienda el reparto de contratos a congresistas a cambio de que apoyaran la ampliación del cupo de endeudamiento del Gobierno.
Tras conocer las denuncias, el ministro de Hacienda dijo que con su equipo jurídico sigue "con respeto y atención el trabajo de la Fiscalía para que el país conozca la verdad y los verdaderos responsables del saqueo a recursos públicos".
"Espero con tranquilidad mi día y mi oportunidad ante la justicia porque mis actos se defienden solos", agregó.
EFE
