La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, indicó que la ley que establece la obligación de los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) de tomar una póliza de seguro para amparar los daños a terceros por cada vehículo al que le realicen la revisión técnico - mecánica (Ley 2283 de 2023, artículo 6) se ajusta a la Carta Política.
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En concepto enviado a la Corte Constitucional, la jefe del Ministerio Público señaló que la norma es adecuada para amparar a los ciudadanos afectados por siniestros viales, así como garantizarles el pago de una indemnización, pues está orientada a lograr el “mayor grado de prevención posible frente a daños a la integridad física, salud, patrimonio y bienes”.
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Así mismo, precisó que la ley demandada persigue un propósito que no está prohibido por la Constitución, sino por el contrario, se acopla a varias de sus disposiciones que hablan de la solidaridad ante situaciones de peligro para la vida o la salud, “así como del control de los servicios prestados a la comunidad para garantizar la seguridad y el interés social”.
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Finalmente, la procuradora General sostuvo que el trámite de la norma en el Congreso de la República se cumplió adecuadamente, y su redacción no desconoció el principio de unidad de materia, pues hay relación entre el objeto planteado y el artículo demandado, respaldando su implementación.
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De esta manera, para el mes de septiembre los CDA deberán contar con la póliza de daños en su servicio de Revisión Técnico Mecánica, sin excepción.
PORTAFOLIO
