En los últimos días la Cámara de Representantes aprobó en su último debate la Ley de contratación pública, con la que se implementan los pliegos tipo para todos los contratos de obra pública que se realicen a nivel nacional. Gracias a ello, una vez se cumpla su trámite de conciliación y sanción presidencial, cambiará la forma en la que se venían adelantando los procesos licitatorios, cerrando la posibilidad de que la contratación se haga con pliegos ‘sastre’ o ‘a medida’.
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Por esta razón Juan David Duque, director de Colombia Compra Eficiente (CEE), afirmó en diálogo con Portafolio.co que lo aprobado en el Congreso es muy importante para el país.
“Lo que cambia con este proyecto de ley se logra que las entidades que manejen los sectores puedan definir unas pautas a la hora de contratar. El que sabe a nivel nacional y maneja la política pública correspondiente será quien determine cuáles son esas pautas. Así los alcaldes y gobernadores de diferentes entidades territoriales pueden seguirlas para al final evitar que se contraten a las personas que ellos consideren a través de pliegos amañados o a medida, con exigencias que no tienen ninguna lógica dentro del mercado”, explicó Duque.
Con este tipo de pliegos, asegura, las condiciones las pondrán las autoridades que conocen y manejan el tema, y no los contratistas.
“Por ejemplo en las vías, el Ministerio de Transportes, como cabeza del sector, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) o el Invías, determinarán las pautas desde lo técnico. Colombia Compra Eficiente determinará que componentes deberán integrarse desde lo financiero, y así se le dará a los municipios y departamentos una guía de lo que deben incluir dentro de sus procesos contractuales de obra”, señaló el presidente de CCE.
Este avance también fue celebrado en su momento por Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), pues de acuerdo con el más reciente informe del Observatorio de Contratación de la CCI, orientado a escrutar el comportamiento contractual del sector durante la vigencia 2016, mostró conclusiones alarmantes: 87% de los procesos mostraron únicas ofertas en los municipios, mientras en los departamentos el 71% corrió con idéntica suerte.
“Con el pliego-tipo, será posible garantizar la pluralidad de oferentes y evitar la desbordada discrecionalidad de algunos funcionarios, a la hora de confeccionar los procesos licitatorios de sus municipios y departamentos”, indicó Caicedo.
LOS ENTES TERRITORIALES NO PIERDEN AUTONOMÍA
Esta resultó ser una de las mayores preocupaciones en los debates que el proyecto de ley surtió en el Congreso de la República. Finalmente se aclaró que los mayores controles a las condiciones de los contratos no le restarán autonomía a las alcaldías y gobernaciones.
“La implementación de los pliegos tipo no afecta la forma en la que las regiones determinan el gasto de sus recursos, esa autonomía que está determinada en la Constitución se mantiene totalmente independiente, solamente que a la hora de contratar una vía, de hacer una consultoría o de hacer una interventoría tienen que seguir los lineamientos que les dé el ente rector, en este caso, lo que determinen los pliegos tipo una vez Colombia Compra Eficiente los determine”, aclaró Duque.
La entidad destacó que se buscará la promoción de empresas y personas de la región, con el objetivo de fomentar las economías de los departamentos y municipios para que tengan mejores oportunidades de negocio en el desarrollo de los departamentos.
“Será el Gobierno, a través de CCE como ente rector de la contratación pública, el que determinará cuáles serían las condiciones, como se dividiría por sectores, por departamentos y otros aspectos a tener en cuenta. Buscaremos que se promueva una mayor competencia, mejores condiciones para el medio ambiente, el uso de cláusulas sociales para que contraten mano de obra de la región y que así se ayude a fortalecer la economía de las regiones”.
En el momento en el que se dé la conciliación final en el Congreso y el presidente sancione la ley, empezarán a contar seis meses para que el Gobierno reglamente la norma y así poder cumplir las expectativas que tienen las regiones para tener mejores prácticas a la hora de contratar.
