Entre la próxima semana y la primera de noviembre se daría el cuarto y último debate de la reforma a las leyes de infraestructura y contratación pública, y desde ya están prendidas las alarmas.
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En principio, la Asociación de Ingenieros Ferroviarios de Colombia (AIFC) asegura que, de quedar como está, el artículo 20 del proyecto de ley desmotivaría a los originadores de las asociaciones público - privadas (APP), debido a que —según el gremio— estos deberán asumir los costos y riesgos de la estructuración.
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“Las APP son un mecanismo demostrado para desarrollar proyectos que benefician al país, y con el artículo 20 se desmotivaría a los originadores a invertir en obras que no son prioridad para el Gobierno o que no tiene los recursos hacerlas”, indicó Rafael Dueñas, presidente de la AIFC.
Además, expresó que el proyecto debería indicar que se reglamenten los tiempos de análisis y adjudicación de los proyectos, en términos que beneficien al país.
Paralelo a este comentario, desde Justicia Tributaria (JT) ratifican que esta reforma “abrirá es un boquete al presupuesto nacional y sufriremos un desastre fiscal, porque la única vía que se amplía acá es la de los corruptos, porque, por ejemplo, logran la APP, los bancos les dan el crédito y si no hacen la carretera son los colombianos los que asumen este riesgo desde sus bolsillos”, señaló José Roberto Acosta, economista e investigador de JT.
Además, explicó que una de las salidas para esto sería que la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) fuera el ‘doliente’ que garantizaría a los bancos, en caso de que hubiere una terminación anticipada o caducidad del contrato.
“Sin embargo, también podría constituirse en que los recursos del contratista irían a un patrimonio autónomo, con cargo a vigencias futuras aprobadas para el proyecto, que se seguirían obteniendo hasta que las entidades financieras recuperen los créditos, aun cuando no haya obras o se roben los dineros”, añadió Acosta.
REVIVIR EL MUERTO
Sumado a lo anterior, y como si fuera poco, este diario recibió varias denuncias con respecto a esta iniciativa legislativa, en el sentido de que algunas entidades territoriales estarían haciendo lobby para revivir los artículos 21 y 22, que autorizaban a que la Nación pudiera cederles los corredores férreos a las regiones, para que estos se usaran para otros tipos de transporte.
Vale recordar que dichos artículos fueron eliminados en el tercer debate del proyecto y, de hecho, su aprobación estuvo supeditada a que ambos fueran removidos del articulado. “Si volvieran a incluirlos (...), sepultarían el tren en Colombia”, dijeron los ingenieros ferroviarios.
