Reformas a la educación y laboral, las nuevas prioridades del gobierno de Gustavo Petro

La semana pasada cerró con una victoria que se podría catalogar como de las más importantes del gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso, puesto que después de muchos ires y venires y extensos debates, la reforma pensional cumplió todo su trámite en el Legislativo y quedó lista para sanción presidencial.

Si bien para este proyecto se abre ahora otro capítulo en la rama judicial, puesto que se anunciaron demandas de inconstitucionalidad en su contra, la prioridad de la Casa de Nariño en Senado y Cámara cambia y se centra la atención en las demás apuestas, tanto para el cierre de esta sesión, como de cara a lo que vendrá en la próxima legislatura.

Así las cosas, lo primero que hay que decir es que en este momento los movimientos del Gobierno se orientan a dos frentes importantes, trabajo y educación, con el fin de salvar las dos reformas que cursan su trámite y que pese a que tienen hasta diciembre para decidir su suerte, en esta semana deberán mostrar avances significativos o se pueden hundir.

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En medio de protestas y marchas de los profesores, en cabeza de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), la atención del país se centra mayoritariamente en lo que pasará con la ley estatutaria que reformará el sistema educativo en el país, puesto que tiene hasta el 20 de junio para completar su recorrido o irá a los anaqueles del archivo.

Uno de los agravantes en este trámite es que por ser una ley estatutaria, a la reforma educativa no le basta con las mayorías simples, sino que necesita una mayoría calificada, es decir, debe contar con el aval de más de la mitad de los 108 congresistas que hacen parte del Senado para poder pasar.

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En este punto hay que decir que mientras el Gobierno ya dijo que no retirará la reforma, al interior del Congreso se dice que la única forma en la que pueda pasar es que se repita lo mismo que con la pensional, puesto que los tiempos no dan y hay una gran molestia en la oposición, que asegura que se desconocieron los acuerdos a los que habían llegado con el Ministerio de Educación.

Todo esto, mientras desde la academia se hizo una comunicación oficial en la que sostienen que "con motivado interés ratificamos nuestra invitación al Congreso de la República y al Ministerio de Educación a respetar la esencia del acuerdo logrado, para que se consolide un adecuado proyecto de ley que integre las necesidades sociales en materia de educación, siendo incluyente y pertinente para atender la realidad educativa colombiana".

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Temas como la educación terciaria, el desconocimiento de la autonomía universitaria y la falta de reconocimiento al sistema mixto, son algunos de los puntos de preocupación para estos analistas, quienes dicen que si bien es importante darle fuerza al sector oficial, esto no puede implicar que se acabe con lo bueno que se ha hecho desde la educación privada.

Por último, en este debate hay que incluir a los profesores, quienes el pasado lunes -17 de junio- realizaron la toma de Bogotá, en protesta por varios puntos con los que no están de acuerdo, como la evaluación docente, que para ellos los pone en un escenario de desventaja, ya que muchos no cuentan con las herramientas necesarias para prepararse como les exigirían si se aprueba la reforma.

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En la otra cara de la moneda está la reforma laboral, una iniciativa que ya se hundió el año pasado, pero que fue presentada nuevamente por el Gobierno Nacional y está siendo liderada por la representante María Fernanda Carrascal. Este proyecto debe lograr al menos una aprobación en comisiones esta semana o de lo contrario se hundirá, aunque hay que decir que apenas le faltan siete artículos por pasar.

En la sesión más reciente, realizada la semana pasada, los representantes de la Comisión Séptima cerraron con el trámite de un nuevo grupo de artículos, 18 en total, y el hundimiento del artículo 50, con lo cual sólo resta menos del 10% del articulado tal y como llegó al recinto y los nuevos que se han propuesto durante el debate.

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Dentro de las propuestas de la laboral que pasaron a Plenaria, están la que busca generar una indemnización obligatoria a favor de los trabajadores cuando se presente un despido sin justa causa, aunque tuvo una ligera modificación en la cual se dejó a potestad de la justicia que se defina o no si se configuró un caso de estos.

También fueron aprobados los artículos que establecen límites al trabajo suplementario y medidas para formalizar el trabajo doméstico remunerado, lo que beneficiará a miles de trabajadores en el país; además de aquellos que promueven acciones para formalizar los micronegocios y se flexibiliza el horario laboral para cuidadores de personas con discapacidad.

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Acá se debe decir que la reforma laboral tiene hasta diciembre para cumplir todo su trámite en el Congreso, en medio de una fuerte oposición desde los gremios, quienes advierten que será perjudicial para la economía y disparará la informalidad. No obstante, la Ley 5 obliga a que todo proyecto debe lograr al menos un debate y aprobación, en el período en el que se radica, por lo que también corre el tiempo.

Pasando lista a las apuestas y proyectos que el Gobierno Nacional que se presentaron este año al Congreso, se puede decir que el balance es de claros y oscuros muy pronunciados para el Ejecutivo, puesto que mientras logró el aval de la reforma pensional y ley estatutaria de la Jurisdicción Agraria y Rural, tuvo que ver cómo se hundían iniciativas como la reforma a la salud, que se cayó en su tercer debate.

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A esto hay que sumarle que dos proyectos más están a la espera de ser debatidos en este recinto y uno de ellos tiene mensaje de urgencia. Se trata por un lado del proyecto de ley para subir el techo de deuda en US$17.000 millones y solucionar la crisis de caja que enfrenta el Ministerio de Hacienda y por el otro, del proyecto que busca poner tope a los aumentos del impuesto predial en Colombia.

Ambos tienen hasta el 20 de junio para cumplir su trámite o de lo contrario se archivarán por falta de avances concretos, situación que no sólo sería una derrota para el presidente Petro, por lo menos en el caso del cupo de endeudamiento, sino que pondría al país en calzas prietas con el manejo de sus finanzas en los próximos meses.