Por ley quedó prohibido el porte y consumo –incluso de dosis mínima– de drogas y alcohol en los parques, perímetros de los centros educativos y en los escenarios deportivos.
Así quedó establecido después de que el presidente Iván Duque sancionó la ley 2.000 del 14 de noviembre del 2019, por medio de la cual se modifican el Código Nacional de Policía y el Código de Infancia y Adolescencia en materia de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas en lugares con presencia de menores de edad.
(Las restricciones al consumo de alcohol y drogas en parques de Bogotá).
Este proyecto, que fue de autoría del senador Rodrigo Lara, de Cambio Radical y aprobado por el Congreso de la República en septiembre de este año, también da facultades a los alcaldes y a las administraciones de los conjuntos residenciales para hacer sus propias regulaciones en los espacios adicionales que consideren necesarios.
En el caso de los alcaldes, estos podrán decretar la prohibición, por ejemplo, en zonas históricas, pero las restricciones deberán ser “zonas proporcionales” y “razonables”, explicó Lara en su momento.
"Lo que queremos es alejar al jíbaro, desterrarlo de estos lugares, porque el jíbaro opera con una dosis mínima en su bolsillo, mientras esconde el resto de droga detrás de un matorral o se la tiene un socio", afirmó el senador.
"Corresponderá a los alcaldes, establecer los perímetros para la restricción consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos establecidos en el presente artículo. La delimitación debe ser y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido", dice el documento firmado por el jefe de Estado.
(Fenalco pide aclarar decreto de consumo de licor en espacio público).
La ley también establece la creación de los Centros de Atención en Drogadicción
(CAD), las salas de atención, tratamiento y rehabilitación integral para
personas con problemas asociados al consumo. Estos lugares estarán a cargo de la Secretaría de Salud de cada municipio, en coordinación con las entidades territoriales a nivel departamental y según su presupuesto.
"Corresponderá al Consejo Nacional de Estupefacientes realizar un mapeo de las zonas y comportamientos de consumo con el fin de reglamentar el establecimiento y operación de las salas de atención, tratamiento y rehabilitación integral, para personas con problemas asociados al consumo de sustancias psicoactivas, en constancia con la Ley 1566 de 2012", dice la ley.
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