Con la suspensión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá que tramitó la alcaldesa Claudia López, se revivió el debate sobre el decreto 190 de 2004. En este se expone la normativa para los establecimientos que tienen como actividad el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en el sitio.
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Esto implica el regreso a una norma desactualizada en cuanto a usos y ocupaciones del suelo. En el POT anterior al de Claudia, con vigencia de 2004 a 2021, están las normas urbanas de hace 18 años.
Con dicha reglamentación, de los más de 28.000 establecimientos categorizados como bar, solo pudieron ser ubicados 11.000. Es decir, que se comprobó su existencia y operación.
De este grupo, solo 163 tienen licencia vigente para ofrecer sus servicios, de acuerdo con información de la Alcaldía de Bogotá.
“El POT de 2004 y lo que se planteó en la segunda administración Peñalosa, tal y como lo indica Asobares, fue una regulación totalmente impráctica para la ciudad”, aseguró Diego Laserna, concejal de Bogotá por la Alianza Verda.
Además señaló que esta norma es estricta y distinta de la realidad local donde muy pocos establecimientos de este tipo pueden operar de manera legal.
El decreto retomó su vigencia el 16 de junio de 2022 tras la suspensión temporal del nuevo POT. Esto plantea un vacío sobre la situación de las zonas rosas en la capital.
Además, han quedado procesos a medias que había adelantado la administración de López. En el POT de 2004 se planteaba mover los bares a ciertas zonas para aplicar la normativa. En el de 2018 se proponía una reglamentación de muchos de estos establecimientos.
De esta manera, apuntaba a la formalización de estos espacios.
De acuerdo con Laserna, la ilegalidad de este gremio es la falta de recursos de las alcaldías locales para tener control de estas normas urbanas. Antes de la pandemia, los bares y discotecas generan aportes de más de 3 billones de pesos anuales para el país.
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“Podemos tener una gran cantidad de normas y no importa qué tan flexibles o estrictas terminen siendo, si no hay una manera en la que podamos hacerlas cumplir, todo esfuerzo normativo se va a la nada”, dice el concejal Laserna.
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