Un informe, presentado por la Contraloría en febrero del 2023 al presidente Gustavo Petro y al entonces Superintendente de Salud, Ulay Beltrán, advertía sobre los riesgos que tenía para el sistema de salud la intervención de EPS y sus posibles efectos.
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En el análisis, el ente de control advirtió que la Supersalud podría carecer, tanto de la infraestructura como de los recursos necesarios, para hacerse cargo de la administración de empresas de gran envergadura, como las de Sanitas y la Nueva EPS.
Basado en los antecedentes de este tipo de medidas, la Contraloría destacó que históricamente ninguna EPS intervenida ha sido devuelta a sus propietarios.
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El informe va más allá y dice que, contrario a su propósito inicial, los indicadores de estas entidades suelen empeorar, lo que afecta la calidad del servicio a los usuarios y conduce a la probable pérdida de recursos del sistema de salud.
Así mismo, este documento alerta sobre la posible pérdida de recursos públicos del sistema de salud debido a la “gestión deficiente de las EPS bajo vigilancia, intervención o liquidación”.
“En desarrollo del Seguimiento Permanente se identificó riesgo contra el patrimonio público, de acuerdo con la información recopilada y los resultados de los análisis así: A pesar de las disposiciones normativas y acciones de IVC que despliega la SNS (Superintendencia), se evidencia riesgo de pérdida de los recursos del SGSSS (Sistema General de Seguridad Social en Salud) comprometidos en la cartera con los prestadores, la cual se acumula y con el tiempo se convierte en irrecuperable”, dice el documento.
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Además, resalta que frente al incumplimiento en el flujo del recurso y en los acuerdos de conciliación entre las ERP (Entidad Responsable de Pago) y los prestadores, se evidenció “inefectividad en las acciones sancionatorias por parte de la SNS”.
Para la Contraloría, las deudas con los prestadores de las EPS, en medidas de vigilancia especial, “corren el riesgo de no ser canceladas, pues lo que normalmente se observa es que las entidades que entran en estas medidas, terminan en procesos de liquidación, existiendo posibilidad de pérdida de los recursos comprometidos en estas carteras, pues la masa liquidatoria resulta insuficiente para cubrir sus acreencias”.
(Además: ¿Qué pasará con el servicio de medicina prepagada de la EPS Sanitas?).
El informe también advierte que varias entidades bajo medidas preventivas y en intervención forzosa administrativa no han logrado reducir los saldos de la cartera, lo que indica una falta de mejora en el flujo de recursos o la recuperación financiera, a pesar de la supervisión especial.
"Las acciones de IVC que adelanta la SNS, no están produciendo un efecto correctivo sobre los actores del Sistema, pues las ERP y EBP siguen incurriendo de manera reiterativa en las mismas practicas indebidas frente al flujo de recursos (...) Es importante resaltar que es deber de la SNS, llevar a cabo no solo la vigilancia, sino también, advertir, prevenir, orientar y si es el caso, asistir a las entidades frente a este tipo de practicas y según sus funciones debe realizar el control y ordenar los correctivos que permitan superar la situación critica o irregular", dice el documento.
Finalmente la Contraloría sugiere una falta de acción efectiva por parte de la Superintendencia de Salud para evitar la reincidencia de las EPS en prácticas financieras problemáticas, lo que representa un riesgo significativo para el sistema de salud en su conjunto.
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