La coyuntura de altos precios en la electricidad ha generado una serie de acciones desde el Gobierno Nacional y el sector privado para generar soluciones conjuntas. El objetivo es frenar la escalada y generar disminuciones.
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Uno de los papeles de veeduría lo tendrá la Superintendencia de Servicios Públicos, encabezada por Dagoberto Quiroga. El funcionario dijo que “el reto principal es la defensa de los usuarios, mucha gente ha estado más al lado de los productores que de los consumidores”. Por esto vigilan los incrementos que se han dado en tarifas.
Una de las principales contingencias que enfrenta la entidad está relacionada con la entrada en funcionamiento de Hidroituango, que tendría el potencial de generación de 17% de la matriz actual (2.400 megavatios). El líder señaló que no considera que se requiera una sanción dado que esto se podría pasar a los consumidores.
El abogado llegó al cargo de superintendente el pasado 28 de septiembre tendrá varios retos dentro de los que se encuentra la vigilancia de los precios de electricidad.
“Queremos vigilar, desmenuzar este tema, porque en estos momentos en que hay agua en los embalses y gran porcentaje de la energía es hídrica no sabemos por qué los precios siguen subiendo. Si la energía sube ahora que tenemos agua, ¿cómo será cuando no haya?”, aseveró.
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Por esto la entidad requirió a 5 compañías (Isagen, EPM, Enel, Chivor y Celsia) por la subida en el caso particular en precio de bolsa.
Quiroga rescató los esfuerzos que se han hecho hasta el momento, a pesar de lo cual dijo que se están aplicando normas “muy antiguas” para el establecimiento de las tarifas y esto se presta para que haya necesidad de actualizarlas. Señaló el caso específico de la venta de energía hidroeléctrica que se vende en bolsa.
En Colombia la bolsa de energía funciona con un esquema de precios y no de costos, por lo que no están obligados a declarar su esquemas de costos. Alejandro Lucio Chaustre, director de Óptima Consultores, explicó que en el caso del recurso hídrico establecer cuánto cuesta.
Acolgen ha señalado que están en libre mercado las generadoras, por lo que estos precios no se regulan. Sin embargo, Natalia Gutiérrez, presidente del gremio, dijo que la estrechez de la oferta frente a la demanda está generando estos choques. Esto se agudizaría con el retraso de grandes obras como Hidroituango.
Ahora con los anuncios del alcalde de Medellín con respecto a ampliar el plazo de entrega de Hidroituango, hay temores con respecto a los efectos en las tarifas o las sanciones. “EPM considera que deben tener un tiempo para evitar riesgos y disminuirlos. No creo que eso amerite aplicación de una sanción; si se les sanciona ellos van a considerar que tienen que recuperar el valor de las sanciones y de pronto pasarle a los usuarios”, dijo Quiroga.
El plazo máximo establecido por la Creg para que empiecen a entregar energía las dos primeras turbinas es el 30 de noviembre, después de lo cual se ejecutarían garantías y perderían el cargo por confiabilidad.
Al respecto el superintendente señaló que trabaja armónicamente con el presidente. “La labor de la Superintendencia de Servicios Públicos de vigilancia, inspección y control es una delegación que le hace el Presidente”, aseveró el funcionario.
Daniela Morales Soler
PORTAFOLIO
