El embargo ordenado por la Contraloría General al consorcio CCC (Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa Ramón H), constructores de la Central Hidroeléctrica de Ituango (Hidroituango), podría desencadenar en una crisis energética para el 2022.
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La razón: con la confiscación del organismo de control a la caja del consorcio constructor derivaría en un retraso en el cronograma de ejecución de la megaobra, considerada por la Nación como la tabla de salvación para cubrir parte de la energía programada que no se podrá entregar entre el 2021 y 2022.
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Así, al no tener recursos para el desarrollo de las obras, el consorcio constructor no tendría más camino que paralizar las tareas hasta que resuelva la situación, lo que llevaría a que Hidroituango atrase aún más su entrada en operación, la cual sería para el 2023.
“Los embargos generan inconvenientes para los ejecutores del proyecto, así como por las repercusiones que se presentarían como empresa”, señaló el ingeniero Jorge Andrés Carrillo, gerente general de EPM.
El líder empresarial agregó que la información es preliminar, que está en fase de análisis, por parte de los respectivos equipos jurídicos y los grupos de interés, lo que servirá para determinar las consecuencias de las empresas que hacen parte del consorcio constructor, como al desarrollo mismo de la megaobra.
“Activamos un plan de continuidad sobre posibles escenarios con respecto a la ejecución del proyecto. Una vez terminados los análisis se establecerán las implicaciones para la obra en su temporalidad, continuidad y seguridad”, recalcó Carrillo.
El directivo recalcó que “están sobre la mesa” todos los escenarios, pero que sin embargo después de los estudios se determinarán las consecuencias.
Ante la posible demora de entrada en operación (hasta después del 2023) de Hidroituango, el país no contaría antes con su energía.
“En el supuesto que la megaobra entre con un año de retraso, el país no podría contar con los primeros 600 megavatios (MW) de capacidad instalada que tiene programado entregar EPM, lo que llevaría a un déficit de capacidad instalada, si lo mismo sucede con los 14 proyectos de generación limpia (cinco solares y nueve eólicos), así como Termosolo I, y todos los demás con asignaciones, y que representaría un parque de generación de solo el 70%”, explicó Alejandro Castañeda, director ejecutivo de Andeg.
Agregó que su entrada a tiempo de Hidroituango sería la tabla de salvación para tener holgura en el abastecimiento de la nueva demanda.
Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, en una reciente entrevista a este diario recalcó que si Hidroituango entra en operación hasta el 2023, el país todavía cuenta con energía para cubrir la demanda.
“En este momento la atenderíamos sin ningún problema en el 2021-2022, 2022-2023 y 2023-2024 con o sin la entrada en funcionamiento de la megaobra”, dijo Mesa.
