Ley de financiamiento extendería los altos niveles de deuda por más tiempo

El proyecto de ley de financiamiento o reforma tributaria es un capítulo del Presupuesto General de la Nación que aún no se ha revisado en el Congreso de la República, aunque desde ya se advierte que comenzará su trámite con un alto recelo por parte de los centros de análisis y expertos en la materia, que sostienen que el palo no está para cucharas y que, como remedio, podría ser más duro que la enfermedad.

Aspectos como que el recaudo efectivo sea apenas de menos del 50% del total de $12 billones que busca obtener, o que dependa de adelantar la regla fiscal para generar un alivio en la presión que tiene la caja del Estado; así como el impacto que tendría en temas como el precio de los combustibles y la tarifa de gas, son parte de las preocupaciones que tienen los expertos frente a esta norma.

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En este sentido, un reciente informe del equipo de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá pasó revista a todas las propuestas del proyecto de Ley de Financiamiento y advirtió que pese a las buenas intenciones, si se mira en conjunto, esta reforma presenta “un riesgo para la sostenibilidad de las finanzas públicas” y que hay otros caminos que vale la pena revisar con mayor detenimiento.

Uno de los primeros puntos que llama la atención del análisis tiene que ver con el espíritu de la norma, puesto que argumentan que “dado que los cambios presentados en la estructura tributaria del país generan, en el neto, ingresos de $6,5 billones en 2025 pero se van diluyendo hasta ser de $0,6 billones en 2030, el proyecto se asemeja más a una propuesta para ampliación del cupo de endeudamiento”.

Esto último, basados en su planteamiento para modificar la regla fiscal por medio de un “concepto verde”, que desde su perspectiva pondría en jaque las finanzas del país, más en estos días en los que se necesita generar ingresos y el recaudo tributario se encuentra en sus niveles más bajos de los últimos 20 años.

“Dados los cambios que se harían a la Regla Fiscal, los cuales podrían darle un espacio de gasto al Gobierno de hasta $11,2 billones en 2025. Frente al componente verde de la RF planteado en la reforma, un estudio del FMI resalta que, sin un ajuste relevante en el gasto diferente a los temas ambientales, la sostenibilidad de las finanzas públicas podría verse comprometida, en especial en las economías emergentes (como el caso colombiano)”, señalaron desde el Banco de Bogotá.

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Respecto a los efectos que pueda generar la reducción de la renta para personas jurídicas o empresas, el análisis sostiene que se generaría un escenario de cambios compensados, en el que lo que se dejaría de percibir por este lado al final entraría con el aumento del mismo concepto para las personas naturales; al tiempo que destacó que genera competitividad respecto a otros países, principalmente de la Ocde, al ganar atractivo para los inversores.

“El faltante por reducción a las empresas, el Gobierno espera reducir dicha tasa apostándole a la reactivación económica. No obstante, dicha reducción impositiva tiene matices. En particular, la reducción en la tasa dependerá del tamaño y sector económico de la empresa. Las firmas pequeñas verán un descenso en su tasa de renta de 35% a 27% a partir de 2025; las medianas de 35% a 30% de manera gradual entre hoy y 2029 y, las grandes, de 35% hoy a 33% en 2026”, dijeron.

Es por esto que el Banco de Bogotá enfatiza en que “si bien estos cambios se traducen en un menor pago de renta, la realidad es que la eliminación del Régimen Simple en medio del aumento de la tarifa mínima de tributación de 15% a 20% limita la potencial reducción en la carga impositiva, en especial de las empresas pequeñas e informales”, y destaca que sectores importantes para la economía se quedarían por fuera.

Otro de los apartados que fue revisado por este equipo de investigaciones económicas es el de la Dian y las nuevas herramientas que se quieren generar para fortalecer su gestión, mediante herramientas como el incentivo a la denuncia de casos de evasión, la ampliación de su planta de personal y la modernización de sus equipos de operación.

En ese sentido resaltaron que “sobresalen ajustes en la tasa de retención en la fuente; nuevas condiciones en las deducciones de costos y gastos a la anterior de la declaración y pago de la retención en la fuente”, que más allá de parecer optimistas, desde su cálculo se podrían convertir en un aliado para solucionar los problemas de caja en el Estado.

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Esto debido a que “el ajuste en el parámetro para la retención en la fuente podría ayudar a solventar los problemas de caja del Gobierno, pues los pagos de renta de personas naturales pasarían de concentrarse fuertemente entre agosto y octubre a distribuirse de una manera más uniforme a lo largo del año”, según argumentaron.

Además de los reparos con la regla fiscal verde, el equipo de investigaciones del Banco de Bogotá sostiene que con el actual proyecto de ley de financiamiento, se estarían repitiendo errores del pasado como lo sucedido con los litigios de arbitramento, cuando se sobreestimaron las capacidades de recaudo de la Dian, además de que revive el temor de los inversionistas por posibles cambios a las reglas de juego.

“En un momento donde el cumplimiento de la RF ha estado en riesgo, llevando a los inversionistas a estimar un mayor riesgo país y a descontar una reducción en la calificación de Colombia, la Ley de Financiamiento exacerba los temores sobre la implementación del ajuste fiscal necesario, dado un creciente gasto público y unos ingresos debilitados”, indicaron.

Es por esto que cerraron advirtiendo que “de aprobarse la Ley tal cual está, solo hasta el 2028 se volvería a observar un déficit fiscal comparable a los observados previo a la pandemia” y que “el desbalance fiscal desde 2025 hasta 2029 estaría entre 3,1% y 5,4% del PIB, cuando en 2018 y 2019 fue de 3,1% y 2,5% del PIB, respectivamente”, lo cual derivaría en que el país siga endeudado por más tiempo.