En Colombia hay más de 160 conflictos ambientales por megaproyectos mineroenergéticos, agroindustriales y de infraestructura, denunció este martes un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que alerta que desde la firma del acuerdo de paz han sido asesinados 712 líderes ambientales.
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Los conflictos socio ambientales "han escalado ostensiblemente en las últimas décadas" en Colombia, apunta el informe, que también alerta que "las comunidades rurales suelen ser las más perjudicadas".
"La minería, la deforestación, los monocultivos, la infraestructura, la industria, la cría intensiva de animales, el petróleo, la energía eólica, las industrias eléctricas y el turismo" son algunas de las problemáticas que "pueden generar violencias en Colombia", explicó a EFE Leonardo González, coordinador de Indepaz.
Los territorios más afectados por estos conflictos son los departamentos del Valle del Cauca, Antioquia, Cauca, La Guajira y Tolima, donde "no se han resuelto los conflictos de una manera pacífica y dialogada, sino por medio de una manera violenta y agresiva en contra de las mismas comunidades", agrega González.
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En este sentido, la gran mayoría de los conflictos suceden en la zona norte del país y el Caribe, en palabras del coordinador de Indepaz. La minería es "el tema más agresivo por los impactos que generan" y por la resistencia de las comunidades, con un total de 58 registrados por Indepaz. Le siguen los monocultivos -22-, la infraestructura -20- y el petróleo -16-.
Desde 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz con la ahora extinta guerrilla de las FARC, han sido asesinados 712 líderes ambientales en Colombia, según los datos de Indepaz. De ellos, 364 son indígenas, 93 son afrodescendientes miembros de consejos comunitarios protectores del territorio, 122 campesinos, 25 líderes activistas ecologistas y 108 campesinos miembros de Juntas de Acción Comunal, todos ellos caracterizados por la defensa de su tierra.
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El informe de Indepaz también hace referencia a los mecanismos de resistencia que usan las comunidades para oponerse a los megaproyectos, entre ellos paros, manifestaciones, bloqueos, tutelas, demandas y estudios técnicos, entre otros.
EFE
