Modelo de Alianzas Público- Privadas está en riesgo por líos con el Presupuesto 2024

Tras el manojo de líos en el que se ha visto inmerso el Presupuesto Nacional 2024, en el que deja en vilo recursos por el orden de $13 billones de la cartera de Transporte, la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) citó este lunes una rueda con medios de comunicación para mostrar su preocupación sobre la posible pérdida de la seguridad jurídica y la confianza en los inversionistas.

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“Sin embargo, la CCI ve con gran preocupación que, en el decreto de liquidación de presupuesto del año 2024, el Gobierno nacional omite la desagregación de $12,5 billones de pesos (parte de los ya mencionados $13,6 billones) para asegurar los recursos de inversión de los proyectos a cargo del Invías y de la ANI, lo cual está paralizando el funcionamiento de estas entidades y la ejecución de las obras a su cargo”, menciona Juan Martín Caicedo, presidente de la CCI.

Lo anterior, dice, resulta aún más preocupante, si se tiene en cuenta que de esta manera “se violenta lo dispuesto en la Ley de Presupuesto”.

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“Es la primera vez en la historia del país que tal situación se presenta”, advierte.

Sobre la posible reconfiguración del pago de las vigencias futuras, en las que el Ministro de Hacienda dejó ver que su pago dependería del avance de la obra.

Hay que precisar, que las vigencias futuras cumplen un propósito de financiación para garantizar los recursos que suministra el capital privado.

“De existir atrasos en la ejecución de estas últimas, existen mecanismos contractuales y administrativos idóneos, regulados por la Ley, para sancionar dicho atraso”, dijo.

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Por otro lado, pidió con suma urgencia, expedir el decreto para garantizar los recursos de las concesiones, de no hacerlo, advirtió derivaría en parálisis de los proyectos y posible liquidación. Además, no solo afecta a los proyectos bajo la sombrilla de la Agencia Nacional de Infraestructura, sino también del Instituto Nacional de Vías.

“El Invías no puede licitar el mantenimiento periódico de todas las carreteras nacionales no concesionadas, porque no cuenta con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), requisito indispensable para abrir las licitaciones”, explicó.

Según mencionó esta situación podría llevar a suspender el tránsito por algunos corredores viales, como el cruce por el túnel de La Línea, cuyo contrato vence el próximo mes de marzo. En ese caso, el túnel tendría que cerrarse.

En cuanto a los proyectos en ejecución de programas denominados ‘Legalidad y reactivación, al no poder el Invías expedir los registros presupuestales del año 2024, por 2 billones de pesos, causaría la suspensión de todas las obras por la imposibilidad de su pago, como está ocurriendo con las actas de las intervenciones realizadas en enero de este año.

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Lo anterior, “afecta 57 proyectos declarados de importancia estratégica nacional como la variante San Francisco-Mocoa (Nariño-Putumayo), la vía Popayán-Isnos (Cauca-Huila), San José del Guaviare-Calamar, la Transversal del Catatumbo, Conexión Alta Guajira, entre otros proyectos”, mencionó.

Al igual que en los anteriores, el programa Caminos Comunitarios para la Paz, también se verían afectados.

“A la luz de todo lo anterior, queda en grave evidencia el hecho de que la confianza inversionista y la seguridad jurídica, se verían seriamente lesionadas. Esta circunstancia podría, no solo poner un freno de mano al propósito inaplazable de la reactivación económica, sino también a la continuidad y avance de un modelo -el de las APP- que, durante los últimos 30 años, ha permitido para bien, superar un rezago de 100 años en materia de infraestructura de transporte”, concluyó Caicedo.

PAULA GALEANO BALAGUERA