Enfrentar los desafíos del cambio climático constituye uno de los grandes retos de nuestro país y del mundo en los próximos años, que implica trasformaciones profundas en el modelo económico y no solo mejores políticas ambientales: uno de los principales
cambios consiste en la disminución del uso de energías fósiles. Para esto se requiere el fortalecimiento del papel del sector público mediante ajustes en el marco normativo, mejora de la investigación científica y promoción de conversión tecnológica en las actividades productivas con mayor potencial para una economía donde lo ambiental sea priorizado.
Entre ellas tenemos inversión en conservación de bosques, reducción de la deforestación, tecnologías de producción agrícola y pecuaria con menores emisiones de gases efecto invernadero, transición a sistemas de transporte no basados en energías fósiles o energías no renovables; manejo de residuos; control a la expansión urbana física, estímulos dirigidos a mejorar la calidad de vida y el empleo en ciudades de talla media, como medida para evitar el crecimiento de grandes centros urbanos.
Partimos de la diferenciación entre la extracción de minerales y la del petróleo. La primera exige un replanteamiento inmediato de las reglas de juego, mientras que la segunda implica entrar en una fase de transición hacia la reconversión.
(Lea: "Petro: El Emisor debe mantener empleo y producción)
En nuestro gobierno el fracking no será permitido, la gran minera de oro a cielo abierto tampoco. Se restringirá y condicionará la minería a cielo abierto en función de la protección ambiental y la equidad social.
Los contratos de extracción de carbón no serán renovados, ni se permitirán intervenciones que afecten el acceso al agua y la seguridad alimentaria de las comunidades que residen en la zona. El carbón que se extrae es destinado a la exportación y los ingresos fiscales que ella genera no tienen ninguna proporcionalidad respecto a sus efectos sociales y ambientales. De manera inmediata se adelantará un programa compensatorio de desarrollo humano para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones de la zona y, en particular, de los pueblos indígenas.
La pequeña minería dirigida al consumo interno será objeto de un programa concertado
orientado a disminuir sus impactos sociales y ecológicos, con base en acuerdos con los
actores regionales. Acentuaremos los controles ambientales, laborales y fiscales sobre la
minería en curso.
Respetaremos las decisiones democráticas de las consultas populares y se asignarán
recursos para programas de desarrollo productivo en las zonas donde se decide no
continuar con la extracción minera. Exigiremos a las empresas mineras la rehabilitación
de las áreas intervenidas y en riesgo inminente, la descontaminación de los ríos, así como el restablecimiento de los derechos de las poblaciones afectadas. Nacionalizaremos las reservas mineras y aumentaremos la renta minera mejorando vigilancia, contabilidad y fiscalización.
Le quitaremos a las mafias el control que ejercen sobre la minería tradicional y a pequeña escala, se buscará fortalecer su organización comunitaria y se apoyará con financiación y acompañamiento a la reconversión a otras actividades productivas.
Ecopetrol, sin perjuicio de la gestión de la extracción petrolera en la transición, se convertirá en una empresa dedicada a la investigación, la promoción y la implementación de energías renovables.
Ajustaremos la regulación y adoptaremos políticas de promoción para que las empresas
del sector eléctrico desarrollen tecnologías de producción de energía hídrica descentralizadas y de pequeña escala, que no utilicen represas o embalses, sino que aprovechen la fuerza del caudal del río.
Cambiaremos progresivamente las energías que utilizamos en la industria, el comercio y en nuestras casas; empezaremos a usar energías que no contaminen, que sean más baratas y que incluso puedan producir ingresos para las personas. Esta transición será pública y privada y nos llevará del petróleo, el gas y el carbón a las energías solar, eólica, geotérmica y de las mareas, entre otras.
Democratizaremos la producción y la distribución de la energía; se desarrollará un
programa de paneles solares, con el cual las comunidades mejorarán sus condiciones de
vida y podrán eventualmente beneficiarse económicamente.
