A pesar de que esta semana quedó definida la reglamentación sobre el uso de las scooters o patinetas eléctricas en Bogotá, el panorama en el resto del país todavía no es claro.
Hasta ahora no se ha expedido una norma general que determine los lineamientos técnicos y operativos que deben tener en cuenta las empresas que alquilan estos vehículos en el país.
Aunque la resolución 209 de 2019 entró en vigencia el pasado martes y explica todos estos factores, lo cierto es que esa norma solo aplica para la capital. Y, en ese orden de ideas, salta a la vista el vacío regulatorio en el que están inmersas otras ciudades como Cali y Medellín, donde también se están movilizando estas patinetas.
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De acuerdo con el Ministerio de Transporte -que es la autoridad encargada de expedir ese tipo de normas a nivel nacional- todavía no se prevé una fecha específica en la que se definiría esa regulación.
Por el momento, la entidad está “analizando la información disponible en Colombia, y comparativamente con otros países, para identificar los problemas (relacionados con el uso de las patinetas) y buscar las alternativas de solución que podría darse a través de la expedición de una normatividad que regule aspectos generales en materia de seguridad vial”, respondieron a Portafolio.
No obstante, el Mintransporte destacó que cada entidad territorial tiene las competencias para tomar decisiones sobre la manera de controlar “la movilidad o el tránsito de los vehículos”.
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De hecho, lo que ha venido pasando es que, como las scooters empezaron a operar antes de que el servicio fuera regulado -como pasa usualmente con las irrupciones tecnológicas- las autoridades municipales se han tenido que encargar, desde las secretarías de movilidad, de diseñar su propia regulación.
El problema se podría agravar, teniendo en cuenta que varias compañías han manifestado su interés de expandirse a otros ciudades en el corto plazo.
En el caso de Cali, en marzo se le dio el aval a las empresas de alquiler para que empezaran a operar, sin poner mayores restricciones, con la finalidad de evaluar, en la marcha, lo que se debería restringir y lo que no; pero el Concejo municipal ya ha mostrado sus reparos y ha exigido que se expida una regulación, pues muchos usuarios están violando las normas de tránsito.
Sin embargo, la prueba piloto que se aprobó tiene fecha de corte en octubre y sería en ese momento que se procedería a publicar una normatividad local.
En cuanto a Bogotá, el escenario ha sido todavía más complejo, pues se llegó al punto en el que las patinetas que se consideraba que estaban mal estacionadas, se llevaron a los patios.
No obstante, una de las novedades que trajo la nueva resolución, respecto al borrador que se había dado a conocer, es que las scooters no se podrán parquear en los andenes, pero sí en las vías secundarias. Además, se ratificó que las empresas deberán pagar por el uso del espacio público al distrito, aunque todavía no se sabe cuál será el monto.
Tampoco se conoce, específicamente, cuáles serán las calles por donde se pueda circular, ni cuántas patinetas se podrán estacionar en cada ‘cajón’ de parqueo o cuál será la cantidad de vehículos que pueda dejar cada empresa por ‘cajón’. Esos detalles técnicos se conocerían en los actos administrativos que serían publicados en las próximas semanas.
Frente a esto, Enrique Cuéllar, presidente de Lime, una de las empresas que opera en el país, señaló que “hay muchas cosas que solo se van a entender operando”, pero advirtió que, “aunque las secretarias de movilidad intentan expedir las normas, se necesita una reglamentación nacional para poder operar”.
Por ahora lo cierto es que estos vehículos están tomando más terreno, teniendo en cuenta los problemas de congestión que hay en Bogotá y otras ciudades.
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