El resultado de la consulta popular minera en Cajamarca (Tolima), y como consecuencia, la decisión de la multinacional AngloGold Ashanti de suspender toda la operación en este municipio, confirma que la industria extractiva del país seguirá en jaque.
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El malestar para las empresas del sector, como se lo expresaron al presidente, Juan Manuel Santos, en una reunión que sostuvieron el jueves pasado, es la incertidumbre jurídica y la falta de reglas claras para el desarrollo normal y efectivo de la operación.
“Las mineras reafirmaron su compromiso al presidente, Juan Manuela Santos, de seguir con sus actividades, pero le manifestaron que existe la preocupación que en el futuro donde tienen la operación, las autoridades municipales adelanten una consulta popular que pueda detener la exploración o producción”, señaló a Portafolio una fuente de la Casa de Nariño.
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Incluso, un vocero de la Presidencia anotó, que los representantes del sector le manifestaron al jefe de Estado que ante las actuales circunstancias los capitales pueden llegar a ser estériles por el cambio en las reglas del juego por parte de la Corte Constitucional.
PANORAMA NADA CLARA
“Con el resultado de la votación en Cajamarca hay un antes y un después para el desarrollo de la actividad minera en el país”, señaló el analista en asunto mineros, Francisco Miranda.
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Precisó este consultor que con la suspensión de las operaciones de AngloGold Ashanti en Cajamarca no solo se presenta desempleo y se congelan los programas sociales; sino que además, se genera un ambiente de incertidumbre en el sector extractivo porque no se sabe con certeza si otras empresas también tomen la decisión de parar sus operaciones hasta que no se aclare la situación jurídica.
“Si el panorama de la operación minera sigue como está en la actualidad, sin arreglarse los vacíos jurídicos que se presentan para las inversiones ya hechas por parte de las empresas es probable que el atractivo del sector se vaya perdiendo para futuras inversiones”, recalca Miranda.
Explicó, que así se partirá la geografía del sector, ya que se van a privilegiar inversiones en municipios que tienen un pasado y tradición en esta industria, “lo que frenará sin duda la inversión en otros municipios con tradiciones mixtas porque va a ser muy costoso tratar de convencer a esa población de que introduzcan en sus economías las tareas extractivas”.
Insiste en que esto está sucediendo porque los modelos y narrativa con los cuales se venía trabajando en los municipios del país para apostarle a la minería ya no funcionan.
“Hay una necesidad que el sector minero conformado por empresas, dirigentes gremiales, y actores directos o indirectos, comiencen a cambiar la forma en que se relacionan con las comunidades”, afirmó.
PRIORIDAD PARA LAS NORMAS
Para el sector minero la necesidad de reglamentar los procesos de consultas previas es una tarea que el Gobierno sigue teniendo pendiente, ya que se debe tener una claridad mayor de esos procesos para que combinen la necesidad de oficializar la participación de las comunidades en los proyectos, y a la vez se generen unas reglas de juego, para que esa participación también se coordine con las realidades y el tiempo que trazan los municipios en sus planes económicos.
Sin embargo, como lo señaló el ministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata, en una entrevista a este diario, debe además crearse una ley que sincronice el uso del suelo que le compete a los entes territoriales con el uso del subsuelo que le corresponda a la nación.
Por su parte, Santiago Ángel Urdinola, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), quien también respalda la creación de una ley que regule el uso del suelo y subsuelo, precisa que para este último debe amparase la norma en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT).
“La única manera es reglametarlo a través de una ley de la República que sincronice la competencia local y la nacional para el uso del suelo y del subsuelo, pero la única forma de regular el subsuelo es mediante un POT, y eso es competencia de los concejos municipales”, explicó el vocero de la ACM.
Aclaró Ángel Urdinola que la consulta popular no es un mecanismo de ordenamiento territorial, por el contrario es una herramienta de participación ciudadana con vinculación de carácter político, “el POT no puede restringir actividades mineras del subsuelo, solo las reglamenta”.
Y reiteró que “el panorama no está despejado, hay mucha incertidumbre, se debe resolver de forma rápida, y tanto los municipios como la nación tienen la razón. Pero ninguna de las dos partes la tiene de forma absoluta.
El presidente del gremio minero afirmó que la actividad minera del país seguirá con las tareas a pesar de que existe una incertidumbre jurídica y falta de claridad en las reglas de juego para el normal desarrollo de la operación.
Alfonso López Suárez
Redacción Portafolio
