Las nuevas reglas de juego del sector de juegos de suerte y azar en el país generarían un fuerte impacto en las finanzas anuales de los territorios.
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La historia se remonta a abril de este año, cuando el Congreso aprobó el Plan Nacional de Desarrollo (PND) con un cambio en las condiciones de operación en línea y en tiempo real de los juegos localizados que operan en Colombia.
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Estos incluyen, sobre todo, bingos, apuestas de carreras y deportes virtuales, y máquinas electrónicas tragamonedas, cuyos ingresos por derechos de explotación e impuestos van a financiar la salud de los ciudadanos.
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No obstante, con el ajuste incluido en el PND, el recaudo por este tipo de juegos podría caer en hasta un 50%, de acuerdo con las estimaciones hechas por Coljuegos, en un análisis de impacto normativo.
IMPACTO ECONÓMICO
La entidad encontró que “el escenario en el cual se genera el nivel más alto en la afectación del recaudo en juegos localizados podría estar en un rango entre 44% y 50% anual, pasando de $345.000 millones a un valor que podría oscilar entre $195.000 millones y $172.000 millones”, detalla el Ministerio de Hacienda, en un borrador de decreto, que cita el estudio de Coljuegos.
En plata blanca, esto implicaría un recorte anual de entre $150.000 millones y $173.000 millones, aunque depende de diversos supuestos, como que se mantiene el número promedio de máquinas y su nivel de ventas, y se mantiene el panorama actual.
Estos aspectos, según Evert Montero, presidente de Fecoljuegos, contienen el quid del asunto. El gremio no comparte la posición de que la caída del recaudo sería de casi la mitad. “Estimamos que si cae, sería por ahí el 20% (unos $70.000 millones), pero hay muchas medidas alternas que se podrían tomar para que no caiga tanto”, anotó.
Y agregó que “esta medida va a permitir formalizar a buena parte del sector, que no tiene la chance de que su negocio prospere por la alta carga impositiva y, adicionalmente, permitirá dinamizar el negocio porque habrá una ampliación de muchos contratos, es decir, se renovará parte del parque de maquinas y se viabilizarán otros juegos”.
En sí, el cambio de las reglas de juego consiste en dejar de lado el esquema de renta presuntiva que se le carga al sector de juegos de suerte y azar, que debe pagar aun cuando las máquinas no generen ventas. De acuerdo con el directivo gremial, “este es el único negocio al que le cobran impuestos por no vender, pero si vende más del límite establecido, se le aplican unas tarifas diferenciales, que supera el valor general.
Esto implica que el 70% de las máquinas que hay en el país, que no están por debajo del tope, deban ser subsidiadas por las que más venden”.
El cambio puntual del PDN implica que, ahora, los operadores pagarán exclusivamente por derechos de explotación el 12% sobre los ingresos brutos, menos los premios pagados, siempre y cuando cumplan con unos mínimos de conectividad y confiabilidad, que tendrían que definir Coljuegos, y para lo cual tendría hasta mediados del 2020.
Esto, teniendo en cuenta que la norma que hoy está en borrador entraría en vigencia el 1° de enero del 2020 y le da seis meses a la entidad para fijar las condiciones para todos los juegos localizados que operan en el país.
En últimas, esta iniciativa busca “ampliar la base de elementos (del sector), modernizar el parque de máquinas, combatir la operación ilegal y fomentar la profesionalización de la industria de los juegos”, según reza el proyecto de decreto del Minhacienda.
'ÚNICA SALIDA'
“Este es el único chance de que no muera la industria, porque en Colombia viene cayendo el número de máquinas y de contratos, y se vienen reduciendo los aportes. Si bien se reduce el recaudo por esta menor tarifa, se pueden netear las cifras, teniendo en cuenta que la menor carga aumentará las inversiones, y el recaudo, a través de la formalización y la regularización”, afirmó Montero.
La medida pretende frenar un mercado negro que mueve $1,5 billones cada año, si se incluyen juegos presenciales y online, de acuerdo con estimaciones de Fedesarrollo. Para el centro de estudios, el cálculo más cercano da cuenta que en el país “habría 49.036 máquinas en el mercado de segunda para el 2017”, que son las que mueven los dineros ilícitos, por un valor cercano a medio billón de pesos cada año.
AMAÑO DE PARTIDOS
Otra de las medidas que busca mitigar el mercado negro en los juegos de suerte y azar cursa en el Congreso. Se trata de un proyecto de ley que busca darle carácter penal a las acciones de quienes manipulen resultados de encuentros deportivos.
La iniciativa es de autoría del representante a la Cámara, Mauricio Parodi, quien dijo que “estas prácticas ya han hecho carrera en el mundo y tienen que ver además con otras conductas delictivas como sobornos y lavado de capitales”. Así las cosas, se fijarían sanciones de entre uno y cinco años de cárcel a los responsables, además de multas que irían desde $82 millones hasta $330 millones.
