Las gobernaciones y alcaldías capitales no aprendieron: en el 2018 dejaron en bancos y sin ejecutar más de $6 billones.
Esto concluye el reporte de Finanzas Territoriales del 2019, conocido por este diario, que fue hecho por la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda.
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Según la organización, los territorios con los mayores excedentes fueron Medellín, Antioquia, Valle, Santander, Cali y Cartagena (44% del total), mientras que las únicas que registraron faltante de tesorería fueron Villavicencio, Huila y Bogotá.
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Ana Lucía Villa, directora general de Apoyo Fiscal del Minhacienda, le explicó a Portafolio que “a las entidades territoriales les hace falta la capacidad para ejecutar los recursos. Como se ve, hay recursos de balances bastante considerables, es decir que no se están ejecutando los recursos. Esos recursos, que son de las entidades territoriales, están en los bancos, por cuenta de la falta es capacidad de en las entidades”.
Este, no obstante, es quizá el peor lunar de los territorios, que, en lo demás, pasaron el ‘examen’ que año a año hace el Minhacienda.
INGRESOS VS GASTOS
Lo anterior si se tiene en cuenta que la principal conclusión del reporte es que, actualmente, desde las regiones los ingresos corrientes mantienen una tendencia creciente, rige una política de austeridad en el gasto de funcionamiento, se ve una capacidad de endeudamiento y, además, estos cuentan con un pasivo pensional controlado.
El examen anual que desde el Gobierno le hacen a las entidades territoriales trajo consigo resultados positivos. A diferencia de años atrás, las finanzas de los departamentos y municipios colombianos dejaron de ser un dolor de cabeza para el Gobierno Nacional y hoy muestran un comportamiento favorable en sus cuentas.
En materia de ingresos, el reporte de Hacienda da cuenta de que estos ascendieron el año pasado a $76,4 billones, es decir que tuvieron un crecimiento de 5,1%, frente al dato del 2017.
“El rubro grueso de ingreso más importante fueron las transferencias ($28,6 billones, es decir, 37,4% del total), que son recursos que el Gobierno Nacional recauda en forma de impuestos y contribuciones nacionales, y que con criterios de redistribución, les gira a departamentos y municipios para ayudar a financiar la inversión”, reza el informe.
Estas destinaciones incluyen proyectos de educación, salud, agua potable, vías, cultura y deportes, por mencionar algunos, que también son financiados por recaudos específicamente locales.
Estos incluyen, por ejemplo, impuestos regionales, los cuales sumaron $23,5 billones en el 2018, por cuenta de lo pagado por los ciudadanos por concepto de predial, industria y comercio, Impoconsumo, licores, tabaco, cigarrillo y cerveza, entre otras.
A lo anterior se deben sumar otros recursos percibidos por los territorios, tales como préstamos y venta de activos, pero también cerca de $11 billones más que se les giraron, a través del Sistema General de Regalías.
Del otro lado de la moneda, el Gobierno identificó que las entidades territoriales gastaron el año pasado $69,5 billones (5,5% más que en 2017) siendo la inversión el principal rubro de destinación ($57,5 billones), mientras los gastos de funcionamiento aportaron el 14,5%.
En general, este corte de cuentas llevó a que 24 departamentos generaron déficit, siendo Cundinamarca, Atlántico y Meta los más pronunciados; en tanto, ocho departamentos arrojaron superávits, de los cuales Magdalena; Bolívar y San Andrés registraron los más altos.
Villa agregó que el hecho de que registren déficits o superávits no implica per se que sea algo bueno o malo, respectivamente.
“El primer caso se explica porque los gobiernos regionales, por ser su último año de administración, comprometieron todos los recursos para ejecutar en la vigencia 2019 y aparentemente pueden en déficit, pero el balance general da cuenta de que tienen recursos en bancos. En el caso de superávits, tampoco quiere decir que sea algo bueno, porque pueden tener recursos en caja, pero no los ejecutan”.
BUEN BALANCE FISCAL
A pesar de lo anterior, la funcionaria resaltó que se han incrementado los ingresos propios de las entidades territoriales y que el marco legal de disciplina fiscal ha servido para que entidades se recuperen fiscalmente.
De hecho, esto se reflejó en los indicadores de responsabilidad fiscal del reporte del Minhacienda, en los cuales se encontró que, al cierre del año pasado, 31 gobernaciones y 29 alcaldías capitales tenían capacidad legal de endeudamiento, en tanto que tres departamentos y una capital excedieron el límite de gastos de funcionamiento del nivel central.
En contraste, el Minhacienda resaltó que el 57,3% del pasivo pensional de las gobernaciones y alcaldías capitales estaba cubierto en el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, e incluso resaltó que seis gobernaciones y nueve alcaldías capitales tenían coeficientes de cobertura de más del 125%.
Otro de los resultados encontrados estuvo relacionado con la deuda pública de las instituciones territoriales, que, el año pasado, totalizó en $10,1 billones, “de los cuales 43% corresponde a los departamentos y 57% a los municipios capitales. El 78% de la deuda total es contratada localmente y el 22% con acreedores internacionales”.
Estas deudas, no obstante, se concentraron en buena parte en Antioquia y Cundinamarca, así como en Medellín, Bogotá y Barranquilla, que, en total, representaban el 64% de la deuda del conjunto de las gobernaciones y alcaldías capitales.
El manejo fiscal apropiado y los mayores ingresos les permitieron a las entidades territoriales recibir el visto bueno del Ministerio de Hacienda, que si bien hizo observaciones (ver nota anexa), concluyó que “la estable situación financiera de las administraciones centrales territoriales permitió incrementar el gasto de inversión y, por esa vía, contribuir a la reactivación de la economía nacional, que venía desacelerándose desde 2014”.
Pasivos contingentes
En el radar del Gobierno Nacional están unos $50 billones, equivalente al 5,1% del PIB, que suman las pretensiones judiciales en contra de los organismos territoriales. Estos recursos representaron el 88% de los ingresos corrientes obtenidos por los niveles de gobierno en análisis, al cierre del año pasado. Según el Minhacienda, el 62% del valor estimado de las demandas en litigio estaba en cabeza de las ciudades capitales y el 38% en los departamentos.
“Las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, las acciones de reparación directa y las acciones de grupo concentraron los procesos con mayores cuantías”, concluyó el informe.
RIESGOS EN EL USO DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Apoyo Fiscal, es responsable de coordinar con los ministerios sectoriales y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) la puesta en marcha de una estrategia gubernamental dirigida a asegurar el uso eficiente del Sistema General de Participaciones (SGP).
“Utilizar eficientemente los recursos del SGP es indispensable para mejorar la prestación de servicios públicos vitales para el desarrollo regional, especialmente en las áreas de educación, salud, y agua potable y saneamiento básico. Gastar bien los recursos del SGP permite ofrecer servicios públicos de calidad a la población. Por ello, en cumplimiento del Decreto Ley 028 de 2008 (Estrategia de Monitoreo, Seguimiento y Control - EMSC), en el año 2018, el Minhacienda, contribuyó a fortalecer el apoyo a los gobernadores y alcaldes en las acciones orientadas a mejorar la administración de dichos recursos”, señaló el reporte.
Con este fundamento, durante el año pasado se adoptaron 32 medidas de control. De estas, nueve fueron preventivas (todas planes de desempeño) y 23 de carácter correctivo (todas suspensiones de giro).
También se debió extender el plazo de cuatro planes de desempeño, se reformularon 16 planes de desempeño. Durante el mismo periodo se levantaron 66 medidas: nueve planes de desempeño y 57 suspensiones de giro. Un análisis detallado de la situación sectorial será objeto de un próximo artículo.
Clave de los recursos
Como gran conclusión, “vale advertir la importancia que tiene para las finanzas públicas del país como un todo, la preservación y el mejoramiento del espíritu disciplinado que caracteriza a la generalidad del nivel subnacional en la captación y el manejo de los recursos públicos, como un instrumento que en el mediano y largo plazo debe reflejar el avance de los órganos del Estado en el cumplimiento de su función como proveedor y prestador de bienes y servicios de calidad, y como garante de los intereses y derechos de la comunidad en un ambiente de eficiencia y transparencia que confirme su carácter legítimo en el régimen democrático”.
