El año pasado las calificadoras de riesgo Fitch Ratings y Standard & Poor’s le quitaron el año pasado la categoría de un alto grado de inversión por el aumento de la deuda pública y del déficit fiscal durante la pandemia y las protestas sociales tras la fallida reforma tributaria de Alberto Carraquilla. Por su parte, Moody's mantuvo la calificaciòn del país.
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Es por esto que quien llegue a la presidencia deberá buscar recuperar los estándares económicos que identificaban a la economía colombiana. Todo ello para que desde el extranjero los inversionistas vean el país como una opción o plataforma para cumplir sus pagos.
“Las calificadoras trabajan como las centrales de riesgo. En vez de generar información acerca de qué tan buen deudor es la persona, en este caso sería el país. Si nosotros tenemos grado de inversión, es como si tuviéramos una calificación crediticia muy buena y así nos prestan más y a una tasa más económica”, explica Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria.
Desde que Colombia perdió el grado de inversión el costo de endeudamiento del Gobierno, las empresas y las familias ha aumentado, de acuerdo con afirmaciones de José Ignacio López, director de Investigaciones Económicas en Corficolombiana para EL TIEMPO.
“La afectación ha venido por cuenta de las mayores tasas. Además, en algunas transacciones de comercio internacional hemos escuchado a clientes que no tener el grado de inversión hace más difícil importar materias primas”, resaltó.
Por su parte, analistas de tres grandes calificadoras de riesgo en el país también se refirieron a sus previsiones frente a las elecciones presidenciales que se definirán el próximo 19 de junio.
El analista de Fitch Ratings para Colombia, Richard Francis, aseguró que los resultados de las próximas elecciones estarán reñidos. También aseguró que el programa del candidato Rodolfo Hernández aún no es muy claro y eso genera incertidumbre.
Resalta que el exalcalde de Bucaramanga reduciría la tasa del IVA del 19 al 10 por ciento sin que se pueda descontar y presentaría un presupuesto austero.“Creemos que existen riesgos fiscales que se derivarían de estas propuestas. Los ingresos caerían considerablemente, mientras que sería difícil hacer recortes de gastos suficientes para compensar la pérdida de ingresos fiscales, dado que el presupuesto es bastante inflexible”, asegura.
Con respecto a Gustavo Petro, aseguró que generan preocupación sus propuestas al sector petrolero ya que el candidato ha expuesto que no otorgaría nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos.
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“Ese es el riesgo más grave. Sin embargo, con las elecciones para el Congreso vimos que si él gana, tendrá que llegar a consensos y le será muy difícil hacer todo lo que quiere”, opina.
Entre los retos económicos para el próximo presidente resalta que uno de los más importantes es en el campo fiscal, pues la deuda respecto del PIB ha aumentado casi 15 puntos porcentuales desde que comenzó la pandemia y que el déficit fiscal sigue siendo alto.
“Esperamos un ajuste fiscal el próximo año, sin importar quién gane la Presidencia. Sin embargo, existe un alto grado de incertidumbre sobre si el ajuste será suficiente para estabilizar la carga de la deuda, y mucho menos para comenzar a reducir la relación entre la deuda y el PIB. Es probable que se necesiten más medidas fiscales. Sin embargo, políticamente hablando, será difícil para cualquiera de los dos candidatos implementar reformas fiscales”, indicó.
Renzo Merino, de la calificadora Moody's, le dijo a EL TIEMPO que los resultados de la primera vuelta presidencial reflejan las tensiones sociales en el país producto de un descontento por las condiciones económicas, en parte estructurales pero también relacionadas con la desigualdad de ingresos o el nivel de la pobreza.
“El resultado de la primera vuelta electoral parece indicar para los mercados que el riesgo de un cambio más radical en el modelo económico del país ha disminuido y eso se ha materializado en el tipo de cambio y en el rendimiento de los bonos”, explicó.
Resaltó que el próximo presidente tendrá que hacer consensos para poder promover sus propuestas y políticas. “El tema de los contrapesos va a ser algo importante para mantener el récord que tiene Colombia de políticas macroeconómicas prudentes”, le dijo a EL TIEMPO.
Para Merino una reforma tributaria ayudaría a las arcas públicas. Sin embargo, explica que no sería necesaria pues los ingresos de la pasada deberían reflejarse a partir del 2023.
“Una posible reforma fiscal adicional es algo que contemplamos, pero que no es necesario para mantener los números de deuda estables. Dado el enfoque que tienen los dos candidatos de abordar el tema de ingresos y pobreza, podría servir para crear mayor espacio para las transferencias que se han implementado en el contexto de la pandemia y que se supone que deben terminar este año, como el Ingreso Solidario”, dice.
El analista Manuel Orozco identificó que los resultados de las elecciones son una confirmación de la baja popularidad de los partidos tradicionales. Por ello, resalta que los candidatos (uno con campaña de oposición y el otro de independencia partidaria) carecen de una mayoría funcional en el Poder Legislativo.
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“Quien llegue a la Presidencia se verá forzado a buscar acuerdos con fuerzas políticas tradicionales, resultando probablemente en una moderación de las propuestas de gobierno y política económica”, indica.
Tras la pandemia, el experto indica que los retos serán similares para ambos candidatos. Por eso, considera pertinente reducir la deuda del Gobierno que, para él, es significativamente alta junto al déficit fiscal y las fuertes presiones de gasto que están vinculadas a las demandas para fortalecer componentes de gasto social.
“Las presiones fiscales y el reto de mantener el dinamismo en la economía requerirán reformas estructurales, lo refuerza la necesidad de una agenda pragmática”, indica.
PORTAFOLIO
Con información de EL TIEMPO*
