Sin plan de transición, advierten sobre riesgos en la seguridad energética

La Contraloría General de la República presentó un estudio en el cual advierte que el país no cuenta con un plan trazado para realizar la transición a la vez que alerta por riesgos en la seguridad energética que se prevén.

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La alerta de la Contraloría muestra que hay un deterioro en la seguridad energética del país y que podría profundizarse aún más en el mediano plazo si no se toman acciones inmediatas. Las alertas de la entidad abarcan el abastecimiento de energéticos como el petróleo y gas, así como la energía eléctrica con su infraestructura asociada.

Este estudio, titulado 'Seguridad y Confiabilidad Energética (2010 - 2026)' alerta también que no hay una política clara y unificada sobre la transición energética que es una de las banderas de este Gobierno.

Este documento analiza que es un error anteponer la transición a la seguridad energética y que el país no puede permitírselo. Precisamente, la entidad destacó los efectos de perder los ingresos petroleros .

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“Hasta ahora el país ha tenido la suerte de tener precios altos en épocas de baja producción y altas producciones en épocas de precios bajos, fenómenos que se contrarrestan mutuamente y permiten tener unos ingresos de regalías relativamente constantes, cercanos a los $10 billones anuales. Este escenario no siempre se dará, por lo que el país debe prepararse desde ya para una caída en los recaudos de regalías como consecuencia de la futura disminución de la producción petrolera y de gas si no se toman las medidas adecuadas para contrarrestarla”, dijo el contralor General, Carlos Hernán Rodríguez.

Uno de los puntos sobre los que hace hincapié el documento es la necesidad precisamente de los hidrocarburos y sus derivados. El estudio señala que la transición energética no implica una eliminación en el uso de estos, aunque se prevén disminuciones paulatinas en su consumo.

De hecho, de acuerdo con estimaciones de Rystad Energy, el pico de consumo de petróleo se daría hasta 2033 y desde entonces tendría una curva descendente lenta. Esto implica que se requiere de una importante producción de estos aún.

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“Esto implica que se tiene una enorme inercia y por lo tanto hay gran resistencia al cambio por lo que la transición energética probablemente no se dará en corto tiempo”, aseguró la Contraloría.

Además, el documento señala que por el contrario parece necesario considerar la importancia de asegurar que dicha demanda que se va a presentar tenga cómo ser cubierta con recursos locales.
Por estos motivos, el contralor señaló que el no otorgar nuevos contratos de exploración y producción de petróleo y gas podría ser un error.

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“La política de exclusión de áreas potencialmente petroleras eventualmente implicará reducciones en inversión extranjera directa y propenderá por una importación más temprana de hidrocarburos, con las consecuentes repercusiones fiscales representadas por menores ingresos para la Nación y por un menor recaudo de regalías para las regiones”, señaló Rodríguez durante la presentación de este análisis.

Con respecto a los combustibles líquidos derivados también están en riesgo su abastecimiento. Vale la pena recordar que Colombia importa ya gasolina y diésel (Acpm); sin embargo, el contralor advirtió que en el caso del Acpm el país podría perder la autosuficiencia en su abastecimiento.

“La autosuficiencia en gasolina se perdió hace unos años y la de diésel está a punto de perderse”, dijo Germán Castro, contralor delegado de Minas y Energía.

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También mencionó el caso del gas natural, que desde 2025 muestra déficit en el balance de oferta y demanda del energético. Destaca que es necesario que se garantice la soberanía nacional para no depender de otros proveedores “externos o poco confiables”.

El estudio señala que el país cuenta con el documento Conpes 4137 (Consejo Nacional de Política Económica y Social) de 2024 aprobó una deuda de US$138 millones que podría ser suficiente para cubrir las necesidades del Conpes 4075 de 2022.

No obstante, la Contraloría señaló que “aún se queda corto este programa en aclarar qué instituciones, qué competencias y qué recursos específicos se asignan. Además, las metas definidas son insuficientes para avanzar de manera importante en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el 2030”.

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Con respecto a las energías renovables, el ente de control señaló que son muy relevantes para complementar la matriz eléctrica, aunque su permeación actual es muy baja, puesto que hay 1.200 megavatios instalados de los más de 20.000 con los que cuenta el Sistema Interconectado Nacional.

No solo esto, la Contraloría también llamó la atención sobre la situación de la infraestructura de transporte de energía, que podría generar un desabastecimiento en Bogotá, un caso particularmente complejo.

La entidad señaló que hay un envejecimiento de la red de transmisión que surte a esta ciudad y que se ve empeorado por cuenta de los atrasos en la línea Sogamoso, a cargo de Enlaza, filial del GEB. Esta podría llevar a la capital energía desde las plantas hidroeléctricas Chivor y El Guavio y que al no poder recibir esta electricidad debe tener a máximo funcionamiento la central térmica a carbón, Termozipa.

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Estas situaciones llevan a la entidad a señalar que la seguridad energética del país está en riesgo y se necesitan acciones inmediatas. La entidad dijo que se requiere de articulación intersectorial para lograr que se ejecuten de forma efectiva los planes de transición sin poner en riesgo la seguridad.

DANIELA MORALES SOLER
Periodista de Portafolio