A través de un comunicado de prensa, el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, reiteró la preocupación de la entidad frente a lo que sucede en el sector energético en la región Caribe.
"Hoy la Contraloría General de la República reitera su preocupación ante la gravedad de la situación que se sigue evidenciando en la prestación de este servicio público, considerando los diferentes estudios y análisis realizados por este ente de control y lo que expresan distintas empresas prestadoras de servicios, que han tenido dificultades para que se les gire lo que corresponde a la opción tarifaria y subsidios por parte del Estado y al pago de facturas por parte de algunas entidades estatales que les adeudan una cartera considerable", dijo.
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El funcionario se refirió también a las respectivas situaciones que atraviesan Afina y Air-e, empresas que prestan el servicio de suministro de energía eléctrica en el norte del país, haciendo un llamado a la Comisión Regulatoria de Energía y Gas (Creg) y a los ministerios de Hacienda y Minas y Energía a tomar "las medidas y decisiones pertinentes" para atender la situación financiera de ambas prestadoras.
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"La situación es grave y no vemos medidas concretas, oportunas y efectivas para solventar lo descrito, tan es así que hoy Air-e, empresa que presta el servicio de energía en una parte importante de la costa Atlántica, está en proceso de intervención, lo que se puede presentar en otras empresas como el caso de Afinia, que tiene un número de usuarios significativo en la costa Atlántica, y que al perjudicarse financieramente, afectaría además a otras empresas como EPM y las finanzas de Medellín y el departamento de Antioquia", dijo Rodríguez.
El contralor aseguró que una nueva intervención a otra empresa le podría costar al Gobierno Nacional $4 billones al año, que corresponde al déficit de operación, "por ejemplo, de las dos compañías Air-e y Afinia, para solventar no solo su operación sino también las inversiones y garantizar la atención de la demanda con los niveles de calidad y confiabilidad necesarios".
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"La posible intervención de las compañías puede darse no solo en la región Caribe, sino a nivel nacional y comprende, además un riesgo para otros servicios como el de gas, que en el caso de la Costa Caribe afectaría a más de 10 millones de habitantes, con el riesgo sistémico que esto comporta", advirtió el contralor.
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