La industria minera ha tenido años con resultados muy positivos por cuenta de los altos precios de algunos commodities, lo que ha generado datos históricos en impuestos y regalías.
Al tiempo, está afrontando retos relacionados con cambios que el Gobierno quiere hacer al código de Minas y el ingreso de una empresa minera estatal al negocio. Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), dijo que el problema está en que los proyectos son muy ideologizados y podrían afectar la inversión en el mediano y largo plazo.
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¿Qué expectativas tienen al cierre de la feria Minexpo?
Las compañías mineras que están en el país le compran a empresas locales $14 billones, eso es equivalente a todo el valor agregado que genera el segundo socio comercial del país que es Panamá.
De este monto, en los municipios mineros del área de influencia, las compañías mineras compran $4,8 billones, que es equivalente a lo que el país le vende a Perú. De eso se trata esta feria, tuvimos más de 450 citas de negocios, entre compañías de todos los sectores y las mineras, con las que esperamos que se cierren negocios de unos US$20 millones.
¿Qué explica esta cifra tan alta de negocios en un entorno de incertidumbre para el sector?
Sin duda el ambiente es de incertidumbre, pero está creciendo por la dinámica de los precios internacionales que han tenido los commodities como el carbón, el níquel, el oro; eso genera un dinamismo en la industria, de las compañías que ya están establecidas en el territorio.
Eso se da en un entorno de mucha incertidumbre derivado del paquete regulatorio que el Gobierno está proponiendo y que preocupa a las compañías.
¿Qué efectos verán las regiones con los negocios que se hagan en estos espacios?
Cuando una empresa formal se establece en un territorio con sentido de permanencia despierta y genera un tejido empresarial en todos los sectores económicos. También produce mayores ingresos, porque el sector minero paga en promedio salarios más altos que cualquier otro sector económico.
Esto implica una mayor capacidad de consumo de los hogares en ese territorio, que lleva generar a unos procesos de industrialización y de fomento al comercio.
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¿Qué comentarios hicieron al proyecto de Ley Minera?
Ese proyecto establece cómo se hace minería hacia adelante. No es un tema menor, es un tema estructural; ahí se plasma la relación entre el Estado y los particulares, así como todo lo relativo a permisos.
Tiene unos elementos que conducen a una enorme preocupación; la primera es la gran subjetividad que tiene y que genera sobre quién decide qué aspectos, si será el Congreso, en una discusión democrática, o las autoridades mineras, que tampoco aclara cuáles son.
Hay temas como que establece unas zonas aptas para la minería y otras zonas que no lo son. Pero ¿quién las va a determinar? ¿Con qué criterios?
Lo segundo es que la autoridad dice que va a haber unas zonas dedicadas para explotar minerales estratégicos. Dice que esas zonas serán explotadas por empresas estatales, empresas de economía mixta o las asociaciones que esas compañías hagan con asociaciones de economía popular y que de manera subsidiaria, cuando se demuestre que no lo pueden hacer, podrán contratar a terceros, es decir, podrá contratar al sector privado.
Uno percibe en este proyecto de ley y en el de Ecominerales una visión de desarrollo futuro de la minería con un alto contenido estatal y centralizado, que restringe la capacidad y la iniciativa privada.
Lo tercero es que el sector minero necesita una gran inversión en exploración, muchos recursos tienen un alto contenido de riesgo. Yo me pregunto si la plata de los colombianos va a dedicarse a hacer una empresa minera con alto riesgo para explorar minerales.
Los estados en el mundo hacen estos procesos a través de contratos asegurando que ese riesgo lo asuman terceros y aquí estamos cambiando ese modelo.
El presidente de la ANM decía que crear áreas aptas daría mayor certidumbre para los inversionistas. ¿Qué opina?
Si esa es la intención del Estado, hoy lo pueden hacer y no necesita un nuevo Código de Minas y tampoco ordenar el otorgamiento de títulos de esa manera. Entonces no entiendo tampoco la justificación de que se necesita una nueva ley, si esto es algo que se puede hacer.
Después de la reforma tributaria el Gobierno ha presentado un paquete regulatorio dirigido al sector minero que tiene una enorme profundidad, ningún gobierno reciente lo ha hecho. Este consta de proyectos de ley y decretos, que no tienen discusión democrática.
A pesar de que digan que hay espacios de participación, nosotros y muchas otras organizaciones e incluso la Procuraduría enviamos comentarios al decreto 044 y no fueron tenidos en cuenta por parte del Ministerio de Ambiente. Estas decisiones generan una profunda incertidumbre real.
Mi aproximación es que no se necesita ningún nuevo Código de Minas, para como dice el Gobierno soportar y ordenar la actividad minera en el país.
Minería
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¿Entonces por qué cree que se hace así?
Porque cuando uno lee los proyectos de ley se da cuenta que tienen una visión muy poco pragmática y más bien ideológica del desarrollo. Esta es una visión centralizada, con poca participación, que no se puede hacer con la ley actual.
¿Pone en riesgo la inversión extranjera directa en el sector?
Sin duda, especialmente la futura. El sector minero fue el que más inversión extranjera directa recibió en este primer trimestre del año, eso es verdad, pero desafortunadamente no es para nuevos proyectos.
Eso es producto de una realidad fiscal, las compañías han tenido un periodo de precios muy buenos, eso significa que están pagando más impuestos.
Ese dinero que ingresa para pagar los impuestos mayores es para estos pagos. Así lo contabiliza la Dian.
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DANIELA MORALES SOLER
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