En qué va la implementación de la medición inteligente de energía

Los medidores inteligentes son un plan que se está buscando implementar en el país desde hace algunos años y que tendría una serie de beneficios para las compañías y para los usuarios, permitiendo tener mediciones más precisas y detalladas.

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Sin embargo, el plan para implementarlos ha tenido varios retos y dificultades, que ha hecho que hasta el momento el avance sea muy lento y no se hayan cumplido los objetivos planteados.

De acuerdo con Asocodis, el gremio que reúne a las empresas de comercialización y distribución de energía, hasta el momento se han instalado unos 200.000 medidores inteligentes, equivalente a cerca de 1% de los hogares del país.

En parte, hay aspectos regulatorios que explican la lenta implementación de este plan que establecía que para 2030 debía haber 75% de los hogares con este tipo de medición inteligente. Esto es cerca de unos 14 millones de hogares que debían estar usando esta tecnología para este horizonte de tiempo.

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José Camilo Manzur, presidente de Asocodis, señala que lo que esto demuestra es que “el país no va a cumplir con las metas establecidas en la política pública y evidentemente deben actualizarse, para replantear una nueva meta a futuro en la implementación de AMI (Infraestructura de Medición Avanzada por sus siglas en inglés) en el país”.

Precisamente, la Cámara Colombiana de la Energía señaló que para el cumplimiento de este objetivo se deberían instalar 2 millones de medidores de este tipo cada año, aunque se requiere de medidas regulatorias.

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Algunos de los aspectos que han afectado su implementación están relacionados con la falta de regulación clave para que se lleva a cabo el proceso que necesita una claridad dado que implicaría inversiones de las empresas de distribución y comercialización por unos $9 billones.

En 2021 se presentó la ley 2099 que establecía, entre otros temas, algunos puntos relacionados con la medición inteligente, que tendría incentivos tributarios. Sin embargo, esta señalaba también que “las empresas prestadoras del servicio de energía deberán asumir los costos asociados a la adquisición, instalación, mantenimiento y reparación de los medidores inteligentes de los que trata la presente Ley. De ninguna manera este costo podrá ser trasladado al usuario en la facturación o cualquier otro medio”.

Esta fue declarada inconstitucional por parte de la Corte Constitucional, puesto que violaba el criterio de recuperación de costos.

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Posteriormente, en 2022 la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) presentó la resolución 101 001, por medio de la cual se establecen las condiciones para la implementación de la infraestructura de medición avanzada. En este se señalaba que las compañías debían presentar un Plan de Despliegue de esta tecnología ante la Creg. Para esto la entidad tendría que publicar una circular con el procedimiento, contenido y formatos, tras lo cual las empresas tendrían 120 días calendario para presentar dicho Plan.

Sin embargo, dicha circular nunca llegó, con lo que las empresas no tuvieron establecidas las condiciones para avanzar en el proceso.

“No existe ningún Plan de Despliegue de implementación de AMI por parte de ningún distribuidor dentro del marco regulatorio actual, por lo que los proyectos que se están desarrollando dentro de la implementación de la Infraestructura de Medición Avanzada (AMI), consideramos que corresponden a planes piloto”, expresó Manzur.

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Para destrabar el avance de esta tecnología las señales regulatorias son indispensables, puesto que se necesitan habilitantes para que las compañías puedan aplicar este plan. Algunos de los puntos que Manzur considera que se deben aclarar están relacionados con el análisis de beneficios y costos resultantes de estas señales y de lograr la viabilidad financiera requerida para un despliegue masivo.

En análisis previos realizados por Asocodis se estimó que la inversión que se requeriría es de unos $9 billones, con lo que la regulación debería presentar beneficios tangibles para los usuarios y para las compañías.

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“El objetivo perseguido con el despliegue masivo de AMI no es que el usuario cambie de medidor por uno más preciso o con funciones adicionales a los medidores convencionales; el objetivo del despliegue masivo de AMI es lograr un modelo eléctrico competitivo”, explicó Manzur.

La Cámara Colombiana de la Energía señaló que la ruta crítica del proceso radicaría en el establecimiento del Gestor Independiente de Datos e Información (Gidi), “cuya creación depende al parecer de estudios en ejecución de la Creg… y que probablemente se publiquen en 2025”.

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El gremio estima que una vez se surta este paso la entidad regulatoria deberá fijar las condiciones para que los operadores de red preparen los planes pilotos, lo cual se daría entre 2025 y 2026.

Posteriormente a la finalización de los pilotos se daría el plan de implementación de AMI y su subsecuente despliegue, para llegar finalmente a 2030 cuando se espera que haya 75% de los usuarios con estas tecnologías en sus hogares.

DANIELA MORALES SOLER
Periodista de Portafolio