El Ministerio de Minas y Energía presentó la resolución 40225 por medio de la cual genera alternativas para que se produzca una caída en el precio de las tarifas de energía. Las medidas esgrimidas en dicha resolución, sin embargo, podrían no tener los efectos deseados por cuenta de varios motivos, que incluyen la necesidad de una regulación.
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La resolución propone, por ejemplo, para que se dé una reducción de las tarifas para los usuarios de estratos 1, 2 y 3, para lo cual se deben dar ajustes regulatorios que deben ser expedidos por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) en un plazo máximo de 30 días. En estos ajustes la entidad regulatoria deberá incluir la aplicación de beneficios derivados de créditos desembolsados o de la titularización de deudas por parte del Gobierno Nacional.
Sin embargo, fuentes del sector advirtieron que esto no necesariamente genera el impacto deseado, porque la transferencia a las facturas no puede ser obligatoria, puesto que las compañías comercializadoras adquirieron créditos para financiar la deuda de la opción tarifaria. No obstante, estos montos deben recuperarse por medio de las facturas.
La propuesta del Gobierno es “convencer” a los distribuidores y comercializadores de hacer esta reducción en las tarifas con base en los recursos recibidos de créditos como los de Findeter o la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN).
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Esto bajo la promesa de que la Nación pagaría a estas compañías el equivalente al saldo de la opción tarifaria de los estratos 1, 2 y 3 (estimado en $2,7 billones), con lo que los usuarios no tendrían que pagarlo.
Sin embargo, hasta que no se materialice en una medida oficial para pagar esta deuda difícilmente los comercializadores se acogerían a esta reducción voluntaria de las tarifas, puesto que podría representar un reto.
Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía
Andesco
De hecho, Alejandro Lucio, director de Óptima Consultores, señaló que "la medida será efectiva en la medida en que se concrete la titularización de la deuda de la opción tarifaria que se espera asuma el Estado. Si eso se materializa el efecto es inmediato".
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No obstante, para hacer esto se requiere que haya una regulación por parte de la Creg, que estime qué pasaría en caso de que no se haga dicho pago por parte de la Nación, para establecer cómo se llevaría nuevamente este monto a las facturas.
Otra de las medidas que se esgrimen en este documento es que haya la posibilidad voluntaria de renegociación de contratos bilaterales de energía entre generadores y comercializadores destinados al mercado regulado, permitiendo ajustes en duraciones, cantidades y precios, con el fin de beneficiar a los usuarios finales o priorizar áreas especiales.
Sin embargo, este también es voluntario, aunque Lucio expuso sobre este punto que esta es una ventana que siempre está abierta, dado que los contratos al ser bilaterales pueden hacer acuerdos en cualquier momento.
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Para este punto, la resolución señala que la Creg deberá promulgar los actos administrativos
requeridos para establecer metas de referencia de reducción voluntaria de precios de contratos,
divulgación de la información individualizada que se derive de estas renegociaciones y los plazos para
el envío de la información resultante de las renegociaciones
Electricidad
FOTO: iStock
La resolución le da a la Comisión de Regulación 30 días calendario para presentar las respectivas medidas regulatorias que habiliten estas medidas que propone la cartera de Energía.
Sin embargo, esta entidad está sin quórum desde el pasado 2 de julio, cuando se venció el encargo del comisionado Orlando Velandia, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Desde ese momento, la entidad cuenta con tres expertos comisionados: Ómar Prías y Baisser Antonio Jiménez, ambos en propiedad, además de Manuel Peña, cuyo encargo se vence el próximo 11 de julio.
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Esto implica que si bien la entidad debe emitir esta regulación, lo cierto es que no cuenta con los comisionados para tomar decisiones.
Precisamente el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al presidente Gustavo realizar los nombramientos en propiedad de los comisionados y su decisión fue respaldada en segunda instancia por el Consejo de Estado.
No obstante, desde entonces solo se ha hecho uno de los cinco nombramientos que se debería hacer para cumplir con la orden que se dictaminó y así completar las 6 posiciones de expertos de dedicación exclusiva.
De esta forma, a menos que se hagan los nombramientos en los próximos días sería difícil cumplir con los tiempos estipulados en la resolución, expedida el pasado 2 de julio.
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Omar Fredy Prías, director ejecutivo de la Creg
Creg
El Gobierno Nacional por medio de los ministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y de Minas y Energía, Andrés Camacho, ha manifestado que la intención es que la deuda de opción tarifaria de los estratos 1, 2 y 3 sea asumida por la Nación.
Pero más allá de eso por el momento no se sabe qué mecanismo será utilizado para hacer esta reducción y, de hecho, debería formularse un proyecto de ley para darle luz verde a la financiación de esta deuda de los usuarios.
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José Camilo Manzur, presidente de Asocodis, gremio de las comercializadoras de energía, afirmó que por esto se necesita que se tramite rápidamente este proyecto, para que se lleve a la práctica esta promesa y los usuarios puedan ver reflejada la reducción en sus bolsillos.
DANIELA MORALES SOLER
Periodista de Portafolio
