Las modificaciones que plantea la Ley de financiamiento en el impuesto al carbono podrían traducirse en un aumento en las tarifas de energía. Así lo advirtió la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), al referirse a los cambios que propone esta nueva iniciativa tributaria.
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De acuerdo con el gremio, el proyecto de reforma propone aumentar el gravamen sobre los combustibles fósiles, lo que incrementaría significativamente el impuesto aplicado al carbón. Esto, a su vez, derivaría en un alza de precios en la generación de energía que se vería reflejada en las facturas de los usuarios.
“Desde el gremio identificamos un efecto negativo tanto para el sector eléctrico como para la industria nacional que se abastece de este mineral en sectores tan relevantes como la siderurgia, cemento, ferroníquel, papel, productos cerámicos, vidrio, fibras textiles, alimentos y bebidas, dado que se presentará un incremento en la tarifa de energía eléctrica del orden de $80 por kilovatio-hora", destacó Alejandro Castañeda, presidente de Andeg.
El líder gremial también indicó que ese escenario representaría un impacto sobre la demanda eléctrica cercano a los 4,5 billones de pesos al año y tendría un efecto sobre la generación de empleo de la pequeña minería asociada al carbón.
Por otro lado, Castañeda señaló que modificar el impuesto al carbono no solo o generaría un aumento de las tarifas de electricidad en Colombia para todos los usuarios del Sistema Interconectado Nacional (SIN), sino que, además, agravaría el déficit del fondo de subsidios del sector. Esto obligaría al Gobierno a destinar 1 billón de pesos adicional al año para financiar los subsidios a los usuarios de menores ingresos.
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Energía eléctrica.
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En ese sentido, el gremio proyecta un efecto negativo de 4,8 billones de pesos al año, ya que con la nueva propuesta se recaudarían solo 700.000 millones de pesos, mientras que el costo de la medida para el país sería de 5,5 billones de pesos. En otras palabras, el déficit fiscal que se generaría sería mayor al recaudo esperado.
La agremiación de empresas generadoras también se refirió a los ajustes en los tiempos de aplicación del impuesto, elevando la tarifa al 75 % en 2025, en lugar del 25 % que se había definido anteriormente. De acuerdo con Castañeda, "esto va en contravía de una transición energética segura y gradual, y con estos cambios abruptos se desdibuja la continuidad, así como el principio de justicia y proporcionalidad de la política pública".
A Andeg también le preocupa que, desde la Ley 2277 de 2022, se limita al 50 % la aplicación del mecanismo de no causación del impuesto al carbono y que en la propuesta del Gobierno solo el 27 % del recaudo de este gravamen estaría dirigido a la acción climática. Esto contradeciría el propósito de este instrumento de incentivar la reducción de emisiones al convertirlo en "un recurso para el flujo de caja estatal".
Considerando todo lo anterior, el gremio hizo un llamado a replantear la propuesta y analizar su impacto socioeconómico. Para ello también piden que se estudien las distintas iniciativas de instrumentos de precio al carbono que se están presentando para no causar una doble tributación y sí generar mayor seguridad para la inversión.
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