“Los altos precios de la energía son el resultado de la crisis estructural del modelo neoliberal desarrollado en los últimos 30 años”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, en respuesta a una carta enviada por 14 exministros a su despacho en la que señalaban las dificultades que afrontaba el sistema eléctrico en medio de la llegada de El Niño.
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De acuerdo con lo expuesto por el jefe de la cartera, la privatización del sector “ha llevado a una crisis tarifaria que afecta especialmente a los usuarios”. Añadió que la opción tarifaria como recurso usado durante la pandemia, para evitar las alzas en precios y fallas en la estructura tarifaria, explican esta dinámica.
Estas afirmaciones del Ministro generaron una serie de reacciones por parte de expertos sectoriales.
Marco Vera, director del Centro de Estudios de la Energía Renovable y el Agua (Ceera), explicó que el sistema colombiano en realidad funciona con un balance de participación pública, mixta y privada.
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Prueba de ello es que algunas de las mayores compañías sean de naturaleza pública, ya sea nacional o regional, como es el caso de Empresas Públicas de Medellín (EPM), con sus respectivas filiales, ISA o el Grupo Energía Bogotá, con su participación de 50 % en Enel, así como Gecelca, Urrá, Emcali y Gensa, entre otras compañías.
Señaló que el sistema que se ha generado en los últimos 30 años ha permitido generar un modelo referente, gracias a aspectos como la regulación, la libre competencia y la inversión extranjera directa, que han permitido la prestación eficiente del servicio.
Cabe recordar que durante la pandemia el Gobierno tomó una serie de medidas para evitar que los precios de la energía escalaran y una de ellas fue la opción tarifaria, que permitió que los incrementos de energía no se pasaran a los consumidores, sino que fueran tomados como deuda que se diferiría a los clientes posteriormente.
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No obstante, durante la recuperación económica, el precio del kilovatio escaló por encima de lo esperado por cuenta del indexador asociado a los precios al productor, por lo que la recuperación de saldos no se pudo dar en la medida esperada. Esto ha llevado a que actualmente los comercializadores tengan deudas por este motivo que bordean los $5 billones y que están afectando su flujo de caja y la viabilidad financiera para operar.
A renglón seguido de hacer estos apuntes, el ministro Camacho señaló que “existen fallas en el mercado de la energía que debemos corregir” y añadió que “el país necesita una nueva estructura tarifaria”.
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Estos comentarios se dan a pesar de que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) no puede sesionar por falta de quórum, puesto que se venció el periodo de encargo de los comisionados expertos y aún no se han nombrado en propiedad los que faltan para integrarla.
En este contexto, Acolgen y Andesco, gremios del sector, expusieron que las dificultades del bloque son varias, pero llamaron a construir sobre lo construido para afrontar la situación, como se ha hecho desde la expedición de la ley de servicios públicos y eléctrica.
Dentro de los llamados está la revisión del monto de crédito aprobado para créditos flexibles de Findeter que puedan utilizar las comercializadoras mientras se cubre el saldo de la opción tarifaria. Cabe recordar que actualmente, el monto aprobado es de $1 billón, es decir, 20% del monto acumulado.
Adicionalmente, los gremios pidieron que el Gobierno haga los pagos respectivos de los subsidios de este servicio público.
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Otro de los puntos que señalan los gremios como relevantes para afrontar este fenómeno climático es la agilización de la conexión de plantas al sistema, así como el proceso de consulta previa y licenciamiento ambiental.
En redes, Camacho señaló que son “bienvenidas las propuestas, bienvenido el debate para mejorar el modelo, para superar el neoliberalismo y para garantizar la seguridad energética”. Por su parte, los gremios pidieron no comprometer la de confiabilidad y seguridad del sistema.
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