Los recursos del presupuesto nacional para el campo siempre han sido escasos, gran parte del gasto público tiene inflexibilidad de tal forma que la poca disponibilidad que queda se orienta a fines distintos que a pagar la deuda histórica que tiene el Estado con el sector rural.
Este hecho es preocupante porque es ahí en el campo donde se presentan los mayores niveles de violencia, pobreza, carencia de infraestructura productiva y de comercialización, con escasas vías rurales en buen estado, con bajos niveles de acceso al crédito y a la extensión rural, al igual que bajos niveles educativos, precariedad en el sistema de salud, y para completar el panorama, sin oportunidades reales para los jóvenes para permanecer en el campo cuando ya sus padres han envejecido y no tienen la misma energía ni los medios adecuados para hacer producir la tierra. Para garantizar la seguridad alimentaria del país hay que orientarse a solucionar estos problemas con un programa de gran calado y que supere los discursos políticos que por épocas le han permitido conseguir los votos del campesino pero que luego todo sigue igual hasta esperar otros cuatro años para volver a tener una esperanza.
Si se tiene presente que la producción de drogas ilícitas se genera en el campo y que es donde la violencia ha sacrificado más gente inocente, es el momento oportuno de promover una ley que se oriente a destinar todo el producido de los bienes que se incauten al narcotráfico se destinen al desarrollo del sector rural. Ahí existe una fuente importante de recursos que bien administrada a través de un fondo especial y con destino específico va a permitir disponer de cuantías importantes para el sector rural.
Es clave modificar el proceso de administración de los bienes incautados porque allí el Gobierno ha demostrado ser pésimo administrador. Se propone que una vez un bien sea incautado puedan ser comercializados inmediatamente, y a cambio se constituyan unos títulos de deuda pública que respalde el valor de estos bienes para que en caso de que el fallo sea a favor de los poseedores les sean entregados estos títulos con la indexación correspondiente. Así, los bienes no se deterioran en manos de terceros administradores y facilita que esos recursos entren oportunamente a contribuir en el mejoramiento de las condiciones en el campo.
En conclusión, una fuente de recursos que puede contribuir a mejorar la escasa destinación actual del Presupuesto Nacional para el sector agropecuario es la liquidación oportuna de todos los bienes incautados al narcotráfico y por lavado de activos. Así, el Estado puede pagar de mejor manera la deuda histórica con el campo respetando el debido proceso. Quien demuestre el origen lícito de esos bienes, después de un proceso judicial que puede durar varios años, el Estado le pagará con bonos de deuda pública transables en la Bolsa el valor del bien que poseía, recuperando así el valor de la inversión.
JESÚS ANTONIO VARGAS OROZCO
Consultor empresarial
Jesusvargas.orozco@gmail.com
