Una de las principales demandas del estallido social de fines de 2019 en Chile fue acabar con el actual sistema de pensiones.
Y se convirtió en una de las promesas emblemáticas de campaña del presidente de izquierda Gabriel Boric, quien este miércoles anunció el envío de un proyecto de ley al Congreso para cambiar el actual sistema privado de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
"Las AFP, en esta reforma, se terminan", dijo Boric, anunciando que la reforma está basada en principios de seguridad social con contribuciones del Estado, empleadores y trabajadores.
Uno de los cambios más significativos de la propuesta es que contempla la creación de un organismo estatal, un administrador público de fondos, para poner fin a la gestión exclusiva de las criticadas AFP.
"Existirán nuevos gestores de inversión privados con el objeto exclusivo de invertir fondos previsionales y, además, existirá una alternativa pública, lo que permitirá promover la competencia con la entrada de nuevos actores", afirmó el mandatario.
El modelo original de pensiones chileno, creado en 1980 durante el régimen militar de Augusto Pinochet, se basa en el ahorro obligatorio de los trabajadores en una cuenta individual administrada por las AFP y cuyos fondos son invertidos en el mercado de capitales.
En 2008, durante el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, se agregó al sistema una Pensión Básica Solidaria que consiste en un aporte del Estado para las personas más vulnerables.
"En Chile, el 72% de las pensiones son inferiores al salario mínimo y uno de cada cuatro jubilados recibe una pensión que está por debajo de la línea de la pobreza", declaró Boric, quien asumió la presidencia en marzo de este año y cuyos niveles de aprobación han caído hasta un 27%, según la última encuesta Cadem.
"Esto ocurre al mismo tiempo que las AFP perciben tremendas utilidades, aunque los resultados y la rentabilidad de los fondos sean negativos", agregó el mandatario.
De acuerdo a los cálculos del gobierno, una persona que durante la mitad de su vida laboral cotizó un sueldo de unos US$425 mensuales, recibe actualmente una pensión cercana a los US$280.
Bajo el nuevo sistema, esa persona pasaría a cobrar unos US$415 dólares, es decir, un 46% más en el caso de los hombres y un 52% más en el caso de las mujeres.
El financiamiento de la reforma al sistema de pensiones propuesta por el gobierno depende que se apruebe la reforma tributaria del presidente, que no cuenta con el respaldo de la oposición y recién inició su discusión parlamentaria.
En el actual Congreso, el más dividido desde que Chile volvió a la democracia, la coalición de gobierno está minoría en ambas cámaras y cuenta con la cantidad más baja de diputados y senadores de las últimas décadas.
Por otro lado, un sector de la alianza gobernante ha votado en contra de varias de las propuestas de Boric, una señal de que la iniciativa podría no tener garantizado el respaldo completo del bloque político.
Los defensores del sistema actual argumentan que el modelo ha contribuido al desarrollo del mercado financiero nacional que permite financiar proyectos de empresas y que, por lo tanto, explica en un tercio el mayor crecimiento económico que Chile ha experimentado desde 1980 en adelante, según un estudio de la Asociación de AFP, la entidad gremial que agrupa a las firmas privadas.
Sus detractores, sin embargo, consideran que las inversiones de las AFP han beneficiado exclusivamente a las élites y que el sistema sólo funciona si se tiene un empleo estable durante toda vida laboral y un ingreso alto, algo que está fuera del alcance para la gran mayoría de los trabajadores.
Este es el tercer intento de reformar el sistema de pensiones, luego de que los proyetos de los gobiernos de Michelle Bachelet (segundo mandato) y Sebastián Piñera no llegaran a buen puerto.
Durante la pandemia de covid-19, legisladores de oposición aprobaron retiros anticipados de los fondos individuales de los trabajadores administrados por las AFP, como una medida de emergencia para hacer frente a la crisis de salud.
Eso hizo que por primera vez en la historia del país los chilenos hicieran uso de sus ahorros individuales antes de llegar a la vejez, accediendo a miles de millones de dólares que salieron del sistema privado.
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