Los colombianos que deseen vender una vivienda o cualquier inmueble y su valor supere los $918 millones, se las verán este año con el nuevo impuesto al consumo del 2% que se les impuso en la ley de financiamiento.
Dicho gravamen se aplicaría “sobre la totalidad del precio de venta del inmueble incluido en la escritura pública de enajenación a cualquier título o la totalidad del valor incluido en el contrato de cesión de los derechos fiduciarios”, según el borrador de decreto que reglamenta la nueva normativa.
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Este proyecto fue publicado por el Ministerio de Hacienda para comentarios y en unos días quedaría en firme, con lo cual pasarán a ser responsables del impuesto los vendedores o enajenantes de bienes inmuebles, a cualquier título, y los cedentes de los derechos fiduciarios o participaciones en fondos que no cotizan en bolsa.
En este sentido, según se lee en el borrador de decreto, estas mismas personas también tendrán que responder ante las autoridades, en caso de que “sirvan como instrumento de evasión tributaria; es decir, cuando reduzcan el precio de venta o enajenación a cualquier título y el precio de la respectiva cesión o eviten la configuración de la obligación tributaria”, señaló el borrador de decreto.
En cualquier caso, la reglamentación, que está pendiente de ajustes y de la firma del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, le daría vía libre a que este impuesto se recaude plenamente, por medio del mecanismo de retención en la fuente, la cual deberá practicarse previamente a la venta de la casa, apartamento o cualquier inmueble.
Vale recordar que hace unos días, la directora del gremio Fedelonjas, María Clara Luque, aseguró que: “Aunque la ley de financiamiento busca gravar a los colombianos de más altos ingresos vale la pena anotar que, contrario a lo que se indica, el impuesto sí afecta la clase media teniendo en cuenta que los límites planteados también tocan de manera importante a los estratos 3 y 4”.
