Mientras que en algunos países seguimos hablando de monopolios en commodities como algo relevante, la lucha antimonopolio se ha trasladado al mundo digital. En el año 2020 la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. (FTC) demandó a la compañía Meta por su posición monopólica en el mercado de aplicaciones, después de que Facebook adquiriera Instagram y WhatsApp.
Desde entonces, Meta ha estado defendiéndose alegando que el mercado digital ha ido evolucionando, y que existe competencia, pues hay nuevos actores como TikTok y Clubhouse.
Por ahora Meta ha estado intentando acceder a información de otras 132 compañías de tecnología para adelantar su defensa, sin embargo, lo que Meta aduce como una prueba necesaria, ha abierto otro debate sobre los secretos empresariales y datos personales, pues Meta podría acceder a su información privilegiada. Este caso tiene varias aristas para la economía digital y una comprensión holística de los problemas jurídicos actuales.
Primero, los monopolios y posiciones de dominio ahora se viven en el mundo digital. Mientras que las batallas jurídicas se libran en las cortes de un Estado, los clientes, usuarios, la información y el mercado están en el ciberespacio.
Las operaciones de integración hoy van más allá de porcentajes o cuotas de mercado, y las afectaciones que pueden tener para sus potenciales y actuales competidores, el acceder a secretos empresariales (tecnológicos) y a los datos personales son elementos adicionales a considerar.
Aquellos que hablan de la necesidad de un tribunal de competencia en Colombia, omiten señalar que estos juicios duran años, la demanda de la FTC contra Meta se presentó en 2020 y no se prevé que llegue a juicio hasta 2024.
En el camino se van destapando cuestiones como la estrategia de Meta de acceder, por medios aparentemente probatorios, a información sensible de competidores, los datos personales de los usuarios, y seguramente el hecho de que esa información, les otorgaría ventaja en contra de sus competidores en los mercados digitales.
Otra cuestión es no solo el aparente monopolio digital de ciertos actores, sino que la esencia de su negocio es la información y tratamiento de datos, en ese sentido, más allá de dominar un mercado también estarían manejando y posicionando información, lo que a la postre parece ser un asunto más complejo.
El debate sobre libre competencia digital debe analizar los riesgos que supone para la democracia el hecho de que se manejen datos personales y se manipule la información, en poco tiempo debemos reformular las bases de nuestro derecho constitucional e internacional, para que hablemos de esa ciudadanía digital y quizás un neoconstitucionalismo digital, pues mientras que los Estados están sujetos a jurisdicciones y competencias, los nuevos actores del mercado digital no tienen fronteras, trabajan 24/7 los 365 días, recabando y procesando información constantemente, lo que es una clara desventaja frente a usuarios, cortes y supervisores.
ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
andresbarretog@gmail.com
