La tarea de prevenir la corrupción en el sector empresarial está cobrando una fuerte relevancia, no solo por las multas millonarias que puede imponer el Gobierno, sino por el daño reputacional que hechos de esta naturaleza significan para las compañías.
Por esto, fue conformada la Red Latinoamericana de Cumplimiento, que agremia a los oficiales de cumplimiento anticorrupción en el ámbito corporativo. Camilo Enciso, el anterior ‘zar’ anticorrupción de la Presidencia de la República y quien fungió como fundador de esta iniciativa, cuenta sobre sus alcances.
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¿Qué es la red y cómo se conformó?
Desde diciembre del 2017 impulsamos la creación de la red de expertos de cumplimiento pensando en que fuera un aporte desde el sector privado para mejorar las políticas y estrategias que implementan las compañías para prevenir la corrupción.
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¿Cuál es el fundamento legal de este trabajo?
Con la expedición de la Ley Antisoborno, en febrero del 2016, se estableció la obligación de las empresas más grandes de adoptar programas de ética y cumplimiento anticorrupción.
Los oficiales de cumplimiento son los encargados de que esto se realice.
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¿A quiénes obliga?
La norma obliga a las que trabajan en ciertos sectores como la industria farmacéutica, hidrocarburos e industria extractiva o los exportadores e importadores, entre otros, a aplicar ese tipo de programas. La superintendencia de Sociedades tiene la función de supervisar el tema.
¿Es opcional tener un oficial de cumplimiento?
Lo obligatorio es tener programas y códigos de ética empresarial y cada uno puede organizarse hacia adentro como mejor lo crea conveniente.
¿Qué hace la red?
Lo que estamos haciendo es invitando a los oficiales de cumplimiento a unirse; pero también, en algún momento, tomamos la decisión de invitar a los jefes de control interno del sector público, que hacen un trabajo equivalente en las entidades de la administración nacional y territoriales.
¿Qué tantos son?
Estamos trabajando ya con 40 personas. Más o menos una cuarta parte proviene del sector público y los demás, del privado. Tanto unos como otros tienen interés en mejorar la forma en que hacen su trabajo, entonces lo que estamos promoviendo es la identificación de mejores prácticas y la construcción e implementación de prevención, trabajando de la mano de los titulares de esa función dentro de cada organización.
¿Qué tareas concretas cumple su organización?
Primero, va a abrir un espacio de comunicación y labor en equipo, en el cual los oficiales de cumplimiento, que comparten desafíos similares, podrán compartir sus problemáticas y buscar las mejores soluciones posibles frente a los riesgos y desafíos que les competen.
En esa medida, va a ser un buen espacio para socializar información y buenas prácticas, además de observar y aprender de los demás en el ejercicio de su trabajo. Es como una especie de Ocde a nivel nacional en materia de cumplimiento anticorrupción.
Lo segundo es que vamos a brindar capacitaciones, charlas y entrenamiento permanente a los miembros y, por invitación de ellos, también a sus equipos de trabajo. En ese escenario, traeremos expertos nacionales e internacionales.
Y, en tercer lugar, produciremos guías de buenas prácticas alrededor de los aspectos de interés del cumplimiento anticorrupción.
Ya estamos trabajando en la primera, que es sobre buenas prácticas en materia de canales de denuncia segura y anónima de actos de corrupción.
Por otra parte, emitiremos cada mes un boletín que refleja el estado del arte a nivel global, de cómo está evolucionando el cumplimiento anticorrupción en diferentes países, de manera que los oficiales de cumplimiento nutran su conocimiento y su trabajo.
¿Qué tan importantes son los canales?
Lo son porque si las empresas no tienen canales de denuncia, no les va a llegar la información de los actos de corrupción de los proveedores, clientes o empleados.
¿Hay articulación con las acciones del Gobierno?
Sí, desde la Presidencia de la República han venido promoviendo por ejemplo los pactos de autorregulación empresarial, donde el Gobierno puede servir como facilitador de ese diálogo, pero después son las compañías las que entran a organizarse y definir las reglas de juego. Desde la red quisiéramos promover iniciativas como la siguiente: que las compañías que se acrediten en la norma ISO 37001 antisoborno puedan tener puntos adicionales en las licitaciones públicas. Nos parece perfectamente compatible que las que están haciendo una inversión mayor y demuestran más compromiso en la materia, simultáneamente, puedan tener un incentivo que les otorgue el Estado a la hora de competir con otras que no están haciendo ese esfuerzo.
¿Se necesita alguna norma?
Creemos que para que sea sistémico y estructural el cambio, tendría que haber una reforma legal, probablemente sencilla, a la Ley 80.
¿Sí combate fuerte el país la corrupción corporativa?
Es un área que está creciendo rápidamente y creemos que cada vez las compañías están entendiendo que es un asunto de la mayor importancia, no solo para cumplir con lo que dicta la ley, sino para asegurar su buen nombre frente a la sociedad.
Hay empresas cuya reputación termina empañada porque de una manera u otra terminan involucradas en actos de corrupción y están pagando unas consecuencias muy costosas desde el punto de vista reputacional.
