La Asociación colombiana de aviadores civiles, Acdac, presentó este miércoles ante la Corte Suprema de Justicia tres solicitudes frente al fallo con el que la institución determinó el pasado 29 de noviembre la ilegalidad de la huelga que adelantaron los pilotos entre el 20 de septiembre y el 9 de noviembre.
Las solicitudes presentadas ante la Corte respecto a la Sentencia que aún no se encuentra en firme, son las de nulidad, de aclaración y de adición.
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Según la asociación, la solicitud de nulidad se da puesto que el Ministerio de Trabajo no adelantó la verificación de ley y reglamentaria del cese de actividades, por lo que “la Sentencia carece de los hechos y datos que sustenten, más allá de los registros en medios masivos, que en efecto se adelantó una huelga, lo cual, según precedente jurisprudencial reciente es un requisito indispensable para que se pueda declarar la legalidad o no del cese”.
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Adicional a esto, solicitan a la Corte aclarar las inconsistencias que, para la asociación, presenta la sentencia sobre la potestad de Avianca para adelantar despido o de abstenerse de ello, ya que los argumentos de la misma enuncian que la decisión es asunto de otras instancias y procedimientos.
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“Durante la fase de argumentación, la Asociación presentó pruebas amplias y suficientes sobre los incumplimientos en que ha incurrido consistentemente Avianca con los trabajadores. Al respecto, la Corte no emitió ningún concepto ni mención alguna en la Sentencia, razón por la cual la solicitud busca que la Corte adelante el respectivo análisis y se pronuncie en el marco de la declaración de legalidad de la huelga”, señala Acdac en un comunicado.
El pasado 29 de noviembre la Sala Laboral de la Corte Suprema Justicia ratificó el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, de primera instancia que declaró ilegal la huelga de pilotos sindicalizados en la Acdac, el pasado mes de octubre.
La Asociación de pilotos ha insistido en que con este fallo, la Corte le da un duro golpe a la seguridad jurídica del país, al principio de legalidad, al debido proceso y le arrebata a los trabajadores el derecho constitucional a la concertación de las relaciones laborales.
