La Contraloría emitió dos fallos de responsabilidad fiscal contra Bioenergy y Ecopetrol por $1.338 millones por daño patrimonial y pérdida de recursos públicos.
El primero de estos se profirió contra 7 directivos de Bioenergy por un total de $1.029 millones. De acuerdo con la entidad hubo daño patrimonial relacionado con el pago de 8 contratos de cánones de arrendamiento entre 2013 y 2015 para predios que debían usarse para sembrar caña de azúcar y producir etanol. Sin embargo, la Contraloría advirtió que nunca se les dio el uso que era "el único fin de los negocios jurídicos".
El daño patrimonial que fue proferido corresponde exactamente al costo del pago de los contratos por los predios no utilizados.
Dentro de los responsables fiscales se encuentran Aleck Remberto Santamaría, representante y gerente de la empresa, así como 5 miembros de la Junta Directiva (Claudia Castellanos, María Cristina Cortés, Juan Felipe Munera, María Elena Velásquez y Myungho Lee) y el gerente agrícola André Martés. Adicionalmente al supervisor de los contratos, Iván Darío Castro, también se lo halló responsable en este caso.
El segundo fallo emitido por el órgano totaliza $309 millones relacionado con la pédida de recursos públicos "con ocasión de las irregularidades presentadas en la planeación, suscripción, ejecución y terminación del contrato de arrendamiento del predio “El Corozalito”, suscrito por Bioenergy".
De acuerdo con la Contraloría, se pagaron más de 3 años de contratos de arrendamiento y cláusula penal por un predio que no era apto para el cultivo ded caña de azúcar que fue terminado sin justa causa.
En este caso se hallaron responsables fiscales a tres personas, Miguel Ángel Ramírez, representante legal y quien suscribió el contrato; André Marqués, gerente agrícola y Jesús Hernando Galvis, supervisor del contrato.
Cabe recordar que Bioenergy fue un negocio que inició Ecopetrol en 2008 y que pretendía construir en cinco años una de las mayores plantas agroindustriales para la producción de etanol. La obra tuvo importantes sobrecostos (su inversión inicial era de US$140 millones y se inyectaron incluso más de US$750 millones) y en este momento está clausurada.
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