Los directivos de la empresa norteamericana CB&I, contratista de las obras de Reficar, habrían aportado pruebas de manera irregular para su defensa dentro del proceso arbitral que cursa en su contra en la Corte Internacional de Arbitraje, con sede en París, debido a los presuntos sobrecostos que se presentaron en la construcción de la mencionada refinería.
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La demanda en ese sentido fue interpuesta el 8 de marzo del 2016 por parte de Reficar, con una pretensión de que le sean reconocidos US$2.000 millones de dólares. De manera paralela, la Contraloría General de al República abrió en marzo del 2017 un proceso de responsabilidad fiscal por el supuesto desfalco de 6.800 millones de dólares a la Nación.
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Y ahora este ente les está pidiendo a la Fiscalía y al Consejo Superior de la Judicatura que investiguen a los abogados que representan a CB&I y a sus firmas subsidiarias en el tribunal internacional (Chicago Bridge & Iron Company N. V., CB&I UK Limited y CBI Colombiana S.A. Específicamente se refiere a Vicente Umaña Carrizosa, Lucas Saffón López y Alberto Zuleta Londoño.
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La historia de este requerimiento se inició con una carta que radicó el 2 de mayo pasado en la Contraloría el vicepresidente Jurídico de la Refinería de Cartagena (Reficar), Herman Galán Barrera, en la cual pone de manifiesto que Chicago Bridge & lron Company N. V.; CB&l UK Limited y CBI Colombiana S.A. , todos sujetos procesales dentro del caso que lleva la Corte Internacional, presentaron documentos sujetos a reserva bajo el proceso fiscal que sigue la Contraloría en calidad de pruebas en el arbitraje comercial.
Y añade que, de hecho, la firma demandada “ha admitido ante el tribunal arbitral que ha obtenido los respectivos documentos de dicho procedimiento iniciado por la Contraloría”.
Se trataría, entre otros, de versiones libres de funcionarios y ex funcionarios de Reficar y Ecopetrol y otros documentos protegidos por el secreto profesional, que le fueron suministrados al ente de control fiscal para uso exclusivo en el proceso que este lleva.
“Además de incumplir la ley colombiana, amenazar la integridad del proceso de la Contraloría y utilizar de manera abusiva información suministrada por otros sujetos procesales bajo la premisa del carácter reservado del caso, la conducta de CB&l vulnera la imparcialidad del arbitraje y el derecho fundamental de la refinería al debido proceso. Lo anterior, comoquiera que Reficar no tiene acceso a la misma información que CB&1 ha utilizado para atacar sus reclamaciones legítimas dentro del Arbitraje”, dice el documento.
Y la consecuencia fue la compulsa de copias que acaba de ordenar el contralor Delegado Intersectorial 11 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, Javier Eduardo Guerra Rodríguez, en un auto en el cual califica la situación suscitada como “totalmente irregular” y advierte que “afecta no solo el presente proceso de responsabilidad fiscal sino el trámite regular de las actuaciones en las que se empleen piezas procesales obtenidas con violación clara de la reserva, dado que se habrían aportado de manera irregular y, por tanto, sed convierten en violatorias de garantías procesales”.
Recuerda así mismo los deberes de lealtad y reserva de las actuaciones que deben observar los sujetos procesales.
POSIBLES CONSECUENCIAS DEL HECHO
Un especialista en arbitraje internacional consultado por Portafolio y que pidió la reserva de su nombre, explicó que las pruebas que se utilicen dentro de un proceso arbitral, bien sea nacional o internacional, deben ser “regular y oportunamente aportadas” y si se demuestra que pasó lo contrario en este caso concreto, Reficar podría pedir que la Corte Internacional de Arbitraje no tenga en cuenta el material aportado bajo estas circunstancias por la firma contratista CB&I.
Otro punto por evaluar es si se buscaba engañar a los jueces con pruebas no válidas y, si así fuera, como mínimo se afectaría la credibilidad de quien cometió la irregularidad.
Ya a nivel nacional, los organismos de investigación y de Justicia deberán verificar si las pruebas fueron adquiridas de manera ilícita, si se trataba de información bajo reserva, o si acaso hubo corrupción para obtenerlas.
Los posibles delitos serían falsedad en documento y fraude procesal.
En el proceso que lleva la contraloría General de la República sobre Reficar, este ente de control ha señalado que las obras de modernización de la Refinería de Cartagena estaban tasadas en 3.777 millones de dólares y terminó costando 8.106 millones de dólares, lo que equivale a 1,5 veces la cifra que finalmente valió una obra como la ampliación del Canal de Panamá.
Según explicó al momento de abrir el expediente, el contralor Edgardo Maya, la decisión se dio tras analizar los controles de cambio que se aprobaron en diferentes reuniones de juntas directivas de Reficar y de Ecopetrol, que permitieron la autorización de mayores inversiones en el presupuesto del proyecto.
Entre los investigados están varios exfuncionarios de Reficar, tales como Orlando Cabrales Martínez, su exgerente; además de algunos miembros de la junta directiva de Ecopetrol, incluido el actual ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría; Hernando José Gómez; los exministros Juan Carlos Echeverri y Carlos Roldado Noriega, así como Fabio Echeverry Correa (q.e.p.d), entre otros.
ASÍ VA EL CASO PENAL
En el proceso penal, el Juez 16 de control de garantías ordenó el año pasado enviar a prisión a Masoud Deidehban, exdirector de proyectos de CB&I y pidió a la Interpol que emitiera en su contra una circular azul (de ubicación), acusado por la Fiscalía de usar indebidamente los recursos que la Refinería le dio a su empresa para realizar obras y, especialmente, de cobrar gastos de personal no contemplados en el proyecto. Además, en enero pasado, un juez le otorgó la casa por cárcel al exvicepresidente de Reficar, Felipe Laverde Cardona, y a Reyes Reynoso Yáñez, uno de los expresidentes de la sociedad.
