El presidente y el expresidente de la minera estadounidense Drummond deberán responder en un juicio por la presunta financiación de paramilitares a finales de los años 1990 en Colombia, informó la Fiscalía este miércoles.
(Drummond dice que habría un cartel de falsos testigos en su contra).
En un comunicado, el ente investigador aseguró que tiene “abundante material de prueba que da cuenta de la presunta responsabilidad” de José Miguel Linares (presidente) y Augusto Jiménez (expresidente) en el apoyo económico y promoción de los sangrientos escuadrones que combatieron las guerrillas.
Durante la prolongada guerra interna, los paramilitares provocaron más de 94.000 muertes, y en 2006 depusieron los fusiles bajo un acuerdo con el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).
La Fiscalía aseguró que los directivos de Drummond responderán por “el delito de concierto para delinquir agravado, en la modalidad de promover y financiar grupos armados al margen de la ley, conducta que fue declarada de lesa humanidad”.
(Drummond presenta su hoja de ruta hacia la carbononeutralidad).
Linares y Jiménez deberán explicar si entre 1996 y 2001 acudieron a los paramilitares para que les garantizaran “protección de sus bienes” y pudieran además ejercer con “libertad la operación minera de carbón en el departamento del Cesar”, de acuerdo a la información del ente investigador.
Según las pesquisas, los directivos aumentaron el valor de un “contrato de suministro de alimentos con una empresa proveedora para obtener recursos adicionales y destinarlos a cubrir obligaciones ilegales previamente adquiridas con el frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”, como se autodenominaban los paramilitares.
Especializada en la explotación de carbón, Drummond inició en 1995 sus operaciones en el norte de Colombia, donde operaban guerrillas y paramilitares.
(Por sexto año, Drummond es el mayor exportador de carbón en Colombia).
Unos 30.000 miembros de las AUC se sometieron a un sistema especial de justicia tras su desmovilización que les acordó un máximo de ocho años de cárcel, a cambio del deponer las armas confesar sus crímenes.
Pese al desarme de los paramilitares y de la guerrilla de las FARC en 2017, el conflicto interno en Colombia persiste y deja 9 millones de víctimas en más de medio siglo.
AFP
