Los líos financieros de Electricaribe le siguen generando dolores de cabeza al Gobierno Nacional.
(Corte tumba la sobretasa para Electricaribe).
En esta ocasión, el malestar corre por cuenta del reciente fallo de la Corte Constitucional que declaró inexequible la sobretasa por kilovatio hora (Kw/h) de energía eléctrica consumida en los estratos 4, 5 y 6 para fortalecer el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios).
(Estado asumiría los $10 billones extra que necesitaría Electricaribe).
Con este cobro ($4 Kw/h) el Ejecutivo busca recaudar al mes $180.000 millones para ir cubriendo gradualmente el hueco fiscal por las acreencias pendientes que registraba la electrificadora antes de su intervención.
Sin embargo, con la declaratoria de inconstitucionalidad del citado alto tribunal a la referida sobretasa, el Gobierno, y en especial la Superservicios, ya no podrán contar más con esos dineros para atender las acreencias de la extinta electrificadora. Y sobretodo, cuando existe el compromiso de que estas obligaciones no recaerán o serán asumidas por los nuevos operadores: EPM con Afinia y Enerpereira con Air-e.
Cabe recordar que, con esta fórmula el Ejecutivo venía recogiendo recursos no solo para atender el pasivo pensional de Electricaribe que asciende a más de $1,2 billones, sino además para pagar las obligaciones con los bancos que llegan a $1,8 billones y otras acreencias como la deuda con las generadoras a las que la extinta electrificadora ya les debe cerca de $400.000 millones.
Así mismo, en el sector financiero, como lo muestran las cifras de la misma Electricaribe al corte de su intervención (noviembre de 2016), de los $1,8 billones que se les adeudan a los bancos, aproximadamente $1,1 billones son de las diferentes entidades del Grupo Aval y de Bancolombia, en conjunto. Seguidos de estos se encuentran otras instituciones bancarias como Davivienda, BBVA, Scotiabank-Colpatria, Itaú, por mencionar los principales.
Al indagar sobre el tema con voceros del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sobre si estaban empezando a contemplar nuevas fórmulas para recaudar recursos para cubrir estas acreencias de Electricaribe ante la sentencia del alto tribunal, los funcionarios le señalaron a Portafolio que la materia era competencia exclusiva de la Superservicios.
Por su parte, al consultar en la citada superintendencia sobre el fallo de la Corte Constitucional, sus voceros respondieron que por el momento no se iban a pronunciar ya que no había una notificación oficial. “Una vez ocurra esto, y veamos el alcance de la decisión, podemos salir a medios a dar las declaraciones respectivas”, dijeron.
Para Javier Lastra, ex agente interventor de Electricaribe, la Nación al no contar con estos recursos que provenían de la citada sobretasa, no le quedará más camino que recurrir a otras fórmulas para atender el pasivo pensional, así como las otras obligaciones y acreencias.
“Para el Gobierno, la decisión de la Corte Constitucional, le representan una baja grande en recursos para atender estas deudas. Además, se suma que los problemas para el caso del mercado de Caribe Sol se han agravado, ya Enerpereira ha manifestado que el nivel de recaudo no ha mejorado”.
El exfuncionario dejó en claro que durante la intervención y más en los últimos 18 meses antes que la tarea pasara a manos de EPM y Enerpereira, la Nación había girado recursos para “apalancar” la operación. “Se gestionaron dos créditos puente, se giraron recursos para mantener a flote la prestación del servicio como el Conpes por más de $860.000 millones”, dijo.
Lastra finalmente señaló, que con un compromiso establecido, al Gobierno no le queda más camino que buscar nuevas fuentes de recaudo para poder cubrir tanto el pasivo pensional, como las deudas vencidas con los banco, y las acreencias pendientes por pagar de las generadoras y proveedores.
Para el sector energético del país, la fórmula estaría en la reforma tributaria.
Alfonso López Suárez
Redacción Portafolio
