El pasado 30 de mayo, tras un cese de operaciones repentino, la Superintendencia de Sociedades admitió el proceso de reorganización de la aerolínea Viva, sin embargo, tras un intento fracasado, el día 20 de junio, la organización solicitó iniciar el proceso la liquidación judicial.
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Entre los argumentos, se señaló que desde que no se llegó a un acuerdo sobre su integración con Avianca, llegaron numerosas notificaciones sobre la imposición de medidas cautelares sobre sus activos.
Después de un largo análisis, la Asamblea de Accionistas encontró que no existe un activo disponible para operar, la situación de caja está absolutamente resquebrajada, el pago de acreencias redujo la posibilidad de gestionar los activos, los arrendadores de aeronaves cancelaron los contratos exigiendo la devolución inmediata de aeronaves y el acuerdo de recuperación perdió sus efectos, ante la negativa de Avianca de continuar con la integración proyectada.
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“No existe forma de configurar un nuevo plan de negocios e iniciar operaciones dando cabal cumplimiento a los requerimientos exigidos por la Aeronáutica Civil (…) En consecuencia, el despacho dará por terminado el proceso de reorganización y decretará la apertura del proceso de liquidación judicial inmediata”, señala la Supersociedades en el auto.
De esta manera, se advirtió “a los administradores, exadministradores, asociados y controlantes que, a partir de la expedición del presente auto, están imposibilitados para realizar operaciones en desarrollo de su actividad comercial, toda vez que únicamente conserva su capacidad jurídica para desarrollar los actos necesarios tendientes a la inmediata liquidación del patrimonio, sin perjuicio de aquellos que busquen la adecuada conservación de los activos. Los actos celebrados en contravención a lo anteriormente dispuesto, serán ineficaces de pleno derecho”, señala el auto.
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Es así que, con la rendición de cuentas, el exrepresentante legal debe presentar una conciliación entre los saldos del estado inicial de los activos netos en liquidación y los saldos del último estado de situación financiera (balance) preparado bajo la hipótesis de negocio en marcha.
A su vez, se decretó que el exrepresentante legal seguirá siendo responsable de la guarda y custodia de los documentos sociales, así como de los activos que reportó con la solicitud de liquidación judicial y todos aquellos de propiedad de la concursada, hasta que se lleve a cabo la diligencia de embargo y secuestro de bienes y entrega de libros y papeles sociales.
Para este proceso se tendrán activos ajustables por $452.818 millones.
PAULA GALEANO BALAGUERA
Periodista de Portafolio
