Ante la crisis financiera por la que atraviesa el operador Tigo, que tiene en vilo al sector de las telecomunicaciones, el Gobierno fijó un plazo (hasta el 9 de octubre) para que se capitalice o que entre a reorganización.
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De acuerdo con el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, “la voluntad del Gobierno es que se pueda mantener la operación de la empresa, y preservar así la conectividad de 12,5 millones de usuarios y el empleo de los 15.000 colaboradores que trabajan directa e indirectamente. Sea la decisión que se tome, lo que buscamos es que en ningún caso se deje de prestar el servicio, y que avancemos en todo momento el plan de conectividad en el país”.
El jefe de la cartera de las TIC, señaló que en caso de capitalizar la compañía, se realizaría una inversión de US$150 millones: US$75 por parte de UNE y US$75 por parte de la compañía Millicom. En caso de que se diluya, Millicom entraría a poner todos los recursos, y EPM quedaría con un porcentaje menor en propiedad de la empresa, que deberá ser aprobado por el Concejo de Medellín.
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A través de una carta, la compañía Millicom destacó que “la necesidad de esta capitalización viene siendo discutida entre los socio-y apoyada con firmeza por Millicom- de tiempo atrás, por lo menos, desde el año 2022. El monto necesario de capital patrimonial a ser aportado por los accionistas, según la información brindada por la administración, asciende a un monto mínimo total de US$150 millones”, señaló la empresa.
Por su parte, el ministerio de las TIC ha reiterado que esperará la decisión por parte de los accionistas el próximo 9 de octubre o sino “se entrará como prevé la Ley a un proceso de reorganización empresarial”.
Y mientras se conoce cuál será el rumbo de la compañía, no hay que dejar de lado el papel que jugará el Distrito de Medellín en toda esta ‘novela empresarial’. Y es que la determinación de capitalizar a esta compañía está en manos de la Junta Directiva de EPM, que puede tomar la decisión con autonomía, de acuerdo con sus posibilidades financieras.
El experto Marc Echimann, expresidente de Tigo-UNE, le dijo a EL TIEMPO que la situación financiera de la empresa se explica, en gran medida, por las altas inversiones que ha realizado en los últimos años, entre ellas, la compra de dos bandas por 40 MHz en la subasta de 700 MHz que hizo el Ministerio de las TIC en 2019.
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“Eso es muchísimo. Fue, de pronto, la subasta del espectro más cara que ha habido en América Latina. Esos pagos tienen que hacerse en el tiempo y ahora viene un vencimiento de pago muy alto para Tigo-UNE. Ese espectro es por 20 años, pero ahora tienen que pagar la mayoría. Ahí surgen necesidades de caja significativas”, comentó el experto.
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En el entretiempo, se espera una decisión por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio para que las empresas Tigo y Movistar puedan compartir infraestructura de redes y así participar en la próxima subasta del 5G.
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