Uno de los complejos agroindustriales más grandes del país, ubicado en el departamento del Meta, iniciaría en cuestión de horas su proceso de liquidación.
(Etanol de EE. UU. tiene en jaque a los productores nacionales).
Se trata de Bioenergy, la destilería de etanol de caña de azúcar, filial del Grupo Ecopetrol, que luego de tres años de operación no le quedaría más opción que cerrar sus puertas. Esto, debido a las dificultades financieras para pagar sus obligaciones.
Precisamente, las altas deudas fueron las que llevaron a Bionergy a acogerse a la Ley de Insolvencia Empresarial (Ley 1116 de 2006), solicitud que fue aceptada por la Superintendencia de Sociedades el pasado 31 de enero, y que le permitiría su reorganización.
(La firma Bionergy S.A.S, productora de etanol, va a ley de insolvencia).
Pero posteriormente, y a pesar de ser una de las plantas más modernas del mundo, con la posibilidad de producir el 25% del alcohol carburante que se mezcla con la gasolina para distribuirla en el país, no pudo llegar a un acuerdo de pago con sus acreedores.
La razón para que Bioenergy no lograra los convenios de pago es su iliquidez, ya que está en un profundo ahogo financiero e inviabilidad económica, a causa de los problemas estructurales que lleva a cuestas desde el inicio del proyecto de construcción.
Por esta razón, el pasado 26 de mayo, en la asamblea general de accionistas de la sociedad, sin más fórmula de solución a la mano se decidió solicitar su liquidación voluntaria.
Este diario pudo establecer que a la fecha, la obligación total de la citada destilería de etanol de caña, está en cerca de $400.000 millones.
Al indagar con voceros de la planta sobre el proceso de liquidación, estos indicaron que la posición oficial de la destilería reposa en un documento de cinco puntos. En el primero, afirman que la destilería continúa en el proceso de reorganización, al cual fue admitida en el marco de la Ley 1116 del 2006).
“Bioenergy acudió a esta Ley principalmente por su nivel de endeudamiento, diversos aspectos operacionales y administrativos, así como variaciones en las condiciones del mercado que impactaron su operación. La situación de la empresa también se ha visto agudizada por la coyuntura actual ocasionada por la covid-19”, señala el segundo de los cinco puntos del comunicado.
A renglón seguido, señalan que la compañía ha articulado todos los esfuerzos en la búsqueda de medidas de mitigación focalizadas principalmente en la reducción de costos y gastos, y renegociación de la deuda a niveles adecuados para continuar la operación. “Sin embargo, no ha sido posible obtener nuevas fuentes de financiación en el corto plazo.
“Esta situación generó la materialización de un escenario de inminente iliquidez para la sociedad Bioenergy S.A.S., a la cual le es imposible atender las obligaciones propias de su operación y estructurar una fórmula de pago que soporte un eventual acuerdo de reestructuración bajo la Ley en mención. Esta información ya se oficializó ante la Superintendencia de Sociedades”, dice Bioenergy en el cuarto punto de la nota.
Finalmente, subraya que de no lograr los objetivos esperados en el proceso de reorganización, existe la posibilidad de pasar a la siguiente fase que es “la liquidación judicial, decisión que está en cabeza de la Superintendencia de Sociedades”.
Los problemas financieros de Bioenergy comenzaron desde el día cero de su montaje, ya que un proyecto que estaba planeado para ser construido en dos años (2010-2012), al final terminó con cinco años más de lo estimado (2017).
Y para completar el panorama, el complejo casi cuesta tres veces más de la inversión inicial presupuestada, ya que pasó de US$344 millones a más de US$850 millones.
Portafolio pudo establecer con fuentes del sector, que uno de los grandes reparos de Ecopetrol por la actual situación de su planta de etanol, es la falta de flexibilidad, ya que mientras los ingenios pueden dedicarse simultáneamente a la producción de azúcar, Bionergy solo produce alcohol carburante.
A lo anterior, se suma el malestar de la administración de la Ecopetrol por las importaciones de etanol a base de maíz y subsidiado desde los EE. UU., la cual expresó en varias ocasiones.
Desde su entrada en operación en abril de 2017, la planta no pudo comercializar el etanol que producía mientras los intereses bancarios subieron como espuma, al igual que los costos de operación.
A lo anterior se suma, que el complejo no ha logrado operar más allá del 50% de su capacidad, esto debido a la falta de caña que se produce en las 20.000 hectáreas del proyecto.
Y la carencia es consecuencia del mismo retraso que tuvo el montaje de la planta, ya que los cultivos fueron los únicos que estuvieron listos en el 2012, cuando se esperaba el inicio de operaciones, pero al no haber sido cortada la caña se generó un desequilibrio natural del cultivo que lo deterioró y redujo sensiblemente su productividad.
