La empresa Carvajal Educación S.A.S. y 12 de sus directivos tendrán que pagar a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) multas que sumadas contabilizan 16.342 millones de pesos, por acuerdos de restricción de la libre competencia en el sector de los cuadernos premium.
La resolución 54.403, emitida el pasado 18 de agosto por la SIC, incluye además multas, por unos 43.000 millones de pesos, a las firmas Colombiana Kimberly Colpapel y Scribe Colombia (bajo el anterior dueño) y 12 directivos, pero fueron exoneradas por delatar y colaborar en la investigación. (Lea: Kimberly se salvaría de pagar hasta $138.000 millones por colaborar en caso de cartel)
Aunque la sanción máxima legal es de unos 69.000 millones de pesos para las compañías y 1.300 millones para las personas naturales, es atenuante un monto inferior en el patrimonio de las empresas.
Igualmente, las multas son proporcionales a la participación de mercado de las firmas y los patrimonios de las personas naturales.
Kimberly fue sancionada con 29.645 millones de pesos; Scribe Colombia con 11.720 millones de pesos; y Carvajal Educación con 14.823 millones de pesos.
Los restantes 2.812 millones de pesos correspondieron a las multas a 24 personas naturales vinculadas a dichas firmas.
De acuerdo con la entidad, las tres empresas cometieron infracciones al régimen de protección de la libre competencia, como fijar el precio de los cuadernos para escritura, coordinar políticas de comercialización y mercadeo y restringir el abastecimiento del producto.
Carvajal Educación y Kimberly cometieron las conductas irregulares contra la libre competencia entre el 2001 y 2011; y la primera repitió entre el 2011 y el 2014, pero con Scribe.
Como Scribe fue vendida en el 2011 al grupo Bio Pappel Scribe (México), el antiguo dueño (Kimberly), fue delator y colaborador de la investigación.
En cuanto al origen del cartel empresarial, obran en el expediente de la SIC diversas pruebas que dan cuenta que en el 2001, Carvajal y Kimberly iniciaron acercamientos a través de altos directivos, con el fin de acordar reuniones que tenían como propósito, además de conocerse, convenir precios, descuentos y otras prácticas restrictivas a la competencia.
En el expediente se incluye un correo electrónico del 21 de agosto del 2001 en el que el gerente de mercadeo de Carvajal, Germán Varela Villegas, se dirige a la presidenta de la empresa, Gladys Elena Regalado Santamaría y el vicepresidente corporativo, Eugenio Castro Carvajal, y otros funcionarios, en el que propone llevar a cabo una reunión en Bogotá o Cali con Kimberly y otros empresarios, “con el objetivo básico de conocernos y acordar: precios netos a febrero del 2002, descuentos financieros y prácticas comerciales (devoluciones, bonificaciones, etc.)”.
Según la SIC, de la lectura del correo no queda espacio para la duda en relación con la finalidad anticompetitiva e ilegal de la reunión.
También concluye que el origen del comportamiento cartelista de Carvajal tuvo lugar en la cúpula de la compañía, pasando por su presidente, gerente de mercadeo y vicepresidente corporativo, entre otros.
Y comprobó que Varela Villegas le pidió que contactaran al gerente entonces de ventas de Kimberly, Juan Enrique Restrepo Gaviria, con el fin de que estuviera disponible en la reunión que pretendían llevar a cabo y acordar los precios, descuentos y prácticas comerciales.
Una segunda prueba de la SIC que da cuenta de los orígenes del acuerdo ilegal es la declaración de Restrepo Gaviria el 26 de enero del 2015, la cualconfirma los primeros acercamientos de los cartelistas y la celebración de una reunión en febrero de 2002 en el restaurante Los Girasoles, en Cali, con directivos de su compañía.
El primer asunto de la reunión fue que el mercado de cuadernos económicos, que entonces significaba 100 millones de unidades al año y representaba 70 por ciento del mismo, estaba muy fragmentado, por las importaciones baratas provenientes de China y Perú.
Además, los participantes se preguntaban cómo llegaban esos productos a bajos precios al país.
En la reunión también se mencionó que era imposible competir bajo esas condiciones, tanto que Carvajal redujo la producción de esa línea y concentró los esfuerzos comerciales en el 30 por ciento del mercado, que abarca un producto más diferenciado.
Se trata de cuadernos protegidos por licencias en Colombia y el exterior, con carátulas repujadas y otras características que los convierten en un segmento arriba o premium.
“Entonces ese era el único mercado en el que nos podíamos poner de acuerdo; porque en ese mercado como los actores eran importadores”, agrega Restrepo Gaviria, el gerente de ventas de Kimberly en la declaración en la SIC.
El directivo agrega que aunque la reunión fue para hablar del mercado, los bajos precios y los reducidos márgenes de las empresas, fue como un comienzo de las cosas, pues a partir de ese momento se empezaron a citar formalmente con directivos y el gerente de Bico (firma del Grupo Carvajal), Germán Varela, para hablar de las temporadas de ventas.
También, según dijo ante la SIC Restrepo Gaviria, en la conversación se mencionó en ponerse de acuerdo, por lo menos, en ese nicho del mercado, pues eran las empresas más representativas.
El ejecutivo también confesó que el 5 de febrero de 2002 remitió un correo electrónico al presidente de Kimberly, Alvaro Ricardo Mejía Cano, y a Federico Restrepo Ríos y Fernando Restrepo Restrepo, también funcionarios de esa firma, en el que les indica, bajo el asunto ´Reunión Directivas Carvajal´ que “desde hace un mes estábamos en el plan de conseguir con los directivos de Bico Internacional una reunión para analizar el mercado de los cuadernos y al mejor manera de optimizar el manejo de este….ya que entre las dos compañías controlan la mayor parte del mercado nacional”.
El directivo asevera igualmente que el objetivo de la reunión era mejorar la rentabilidad del negocio de los cuAdernos, bajo un nuevo esquema de precios y plazos.
Germán Varela Villegas, gerente de mercadeo de Carvajal, aseveró que si bien asistió a la reunión en la capital del Valle del Cauca, el que la promovió fue Restrepo Gaviria.
La SIC concluye que una vez se dieron los primeros acercamientos entre las empresas investigadas, Carvajal y Kimberly sostuvieron contactos permanentes, para fijar los precios en las dos temporadas escolares.
“El contacto se prolongaría por más de una década, en una clara violación al derecho colectivo constitucional de libre competencia económica”, agrega la entidad en la resolución.
Además, señala que las pruebas del expediente muestran que la reunión efectuada en el restaurante de Cali, lejos de ser un encuentro social, como lo quiso presentar Carvajal, fue una conversación propia de un cartel empresarial, cuyos asistentes pretendían mejorar la rentabilidad de sus negocios, a través de un mejor esquema de precios y plazos.
Otra prueba reina es un correo electrónico del 18 de febrero del 2002 en el que Germán Varela, el gerente de mercadeo de Carvajal, le dice a directivos de la esa organización en México, Colombia, y a Bico Internacional, que “de la reunión con personas de Kimberly de la semana pasada quedó como objetivo principal el promover el aumento de precios en Venezuela, Colombia y Ecuador”.
IMPACTO SOCIAL
De acuerdo con la SIC, las conductas de las tres empresas tuvieron un alto impacto social, pues por ejemplo, en el 2014 la participación conjunta de las cartelistas fue 62,6 por ciento del mercado, que valía entonces 251.800 millones de pesos.
Para ese año, además, 7,8 millones de los 13,7 millones de hogares que había en Colombia tenían al menos un integrante estudiando, de los cuales 5,7 millones pertenecían a los estratos 0 al 2, y que se vieron afectados por un sobrecosto derivado del cartel empresarial, toda vez que el gasto en cuadernos representaba una mayor proporción de sus ingresos.
Además, el acuerdo anticompetitivo desembocó en una menor compra de cuadernos o muchos colombianos dejaron otras necesidades básicas insatisfechas para adquirirlos.
La resolución está firmada por el superintendente de industria y comercio, Pablo Felipe Robledo, y tiene un recurso de reposición de 10 días hábiles.
También el pasado 17 de mayo la compañía Carvajal hizo varios reparos al informe motivado que tenía entonces en sus manos Robledo, para decidir la configuración de un acuerdo de precios en el mercado de los cuadernos.
Emilio José Archila, apoderado de la compañía del Valle para este caso, afirmó en esa ocasión que la solidez de la política de delación y la defensa de la competencia y los derechos del consumidor no parten de que se dicten condenas, sino de procesos justos. Y sostuvo en esa ocasión que no descartaba que la delegatura de competencia de la entidad se haya dejado llevar por el hecho de que la firma delatora participa en otros mercados en los que hizo cosas mal, y creyó que en el caso de los cuadernos estaba cartelizada.
Sin embargo, el informe motivado fue luego al consejo asesor de la SIC y el jueves a la firma de Robledo.
CARVAJAL RECURRIRÁ A INSTANCIAS LEGALES
Frente a la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio respecto del mercado de cuadernos, Carvajal Educación dio a conocer que reitera que no ha violado las normas de libre competencia y que, convencida de su buen proceder, recurrirá la decisión y acudirá a la instancias que le brinda la ley para demostrarlo.
"Contrariando los derechos fundamentales al debido proceso y a la presunción de inocencia, la Superintendencia ignoró más de 20 documentos, 31 testimonios e interrogatorios, 2 dictámenes periciales de reputados economistas y decenas de horas de contra preguntas a los delatores que demostraban las debilidades e inconsistencias del caso. La Superintendencia tampoco tomó en cuenta los estudios económicos independientes que indican claramente que las conductas de las cuales se nos acusa no pudieron haberse llevado a cabo y, sobre todo, que los consumidores no pueden haber sido afectados por nuestras prácticas comerciales", señala la firma en un comunicado.
Por su parte, dicen que confían en que las instancias de recurso sabrán estimar que el caso carece de la solidez para sustentar una sanción que causa un considerable e injustificado agravio a la empresa, sus clientes, sus colaboradores y accionistas.
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