La empresa de minería multinacional Glencore interpuso una nueva demanda al Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), siendo esta la cuarta querella hacia el país.
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Precisamente en el pasado la compañía ha argumentado dificultades para su operación. Dos de las querellas están aún por resolverse y a estas se suma una nueva interpuesta el pasado 19 de noviembre. Hasta el momento no se conocen los detalles de esta acción ni la suma que persigue la multinacional.
La empresa minera ha asegurado que la determinación de la Corte Constitucional en 2017 era "discriminatoria, irrazonable y arbitraria", asegurando que se les negó un trato "justo".
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Vale la pena recordar que Glencore es propietaria de la totalidad de las acciones de Cerrejón, tras haber adquirido la participación que tenían Anglo American y BHP.
En esta querella aparecen como codemandante el grupo Prodeco que renunció a dos de sus títulos mineros en el pasado por las dificultades para operar en los títulos que tenía.
Vista del Cerrejón.
Archivo EL TIEMPO
Vale la pena resaltar que la primera demanda, hecha en 2016, fue por una expropiación de la concesión de explotación de la mina de carbón Calenturitas, de la cual hizo parte Glencore International y la minera nacional Prodeco.
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Este proceso finalizó con un fallo a factor de ambas mineras, por lo que el Estado colombiano debió pagarles 19 millones de dólares.
Una segunda demanda se presentó en el 2019, luego de que se abriera una investigación en contra de la constitución de la Sociedad Portuaria Puerto Nuevo S.A. y C.I. Prodeco S.A., por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, en 2016.
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Minería
iStock
La entidad de vigilancia aseguró en su momento que este proceso se abrió "por presuntas infracciones al régimen de libre competencia, al haber creado un monopolio para el embarque de carbón en Ciénaga (Magdalena)".
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El tercer arbitraje está relacionado con la mina Cerrejón, hecho en 2021, luego de que Glencore renunciara a sus proyectos mineros en el país, luego del fallo de la Corte Constitucional a favor de las comunidades indígenas guajiras.
El fallo de la Corte se dio luego de una demanda presentada por las comunidades, estructurada por los impactos medioambientales en la zona, más específicamente por el desvío del Arroyo Bruno para la ampliación de la mina.
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