Mayor seguridad jurídica, respeto a la protección de patentes, implementación de la Ley Estatutaria del sector y el pago de las deudas que la EPS Cafesalud tiene con los laboratorios por medicamentos vendidos a Saludcoop en liquidación, hacen parte del menú de preocupaciones reportadas por Afidro, el gremio que agrupa a multinacionales que operan en el país.
Su presidente, Gustavo Morales, habló con Portafolio sobre la coyuntura sectorial.
¿A cuánto asciende la deuda de Saludcoop con las farmacéuticas?
Se habla de una deuda de 470.000 millones de pesos correspondiente a suministros de medicamentos. Estamos a la expectativa de lo que diga el nuevo gerente de Cafesalud, Carlos Cardona, quien ya se reunió con algunos representantes de la industria farmacéutica. También es clave que se manifieste el liquidador de Saludcoop, Luis Leguizamón.
¿Pero hay soportes para hacer esos cobros?
Así es. Estamos de acuerdo con que se nos pague lo que se nos debe y que esté debidamente soportado. Para eso el proceso liquidatorio tiene unas reglas.
La industria afiliada a Afidro tiene un compromiso con los pacientes y una reputación que no puede poner en juego.
"La tasa de cambio nos ha impactado,
pero a los empresarios lo que más
les importa es la predecibilidad".
¿Qué ha pasado con la aplicación de la Ley Estatutaria?
Esa norma definió un nuevo paradigma en el sistema de salud. Estamos ante un mecanismo de exclusiones. Pasamos de un sistema que señalaba lo que cubría el POS a uno en el que se dice qué no cubre. Una EPS solo puede negarle a un usuario lo que esté incluido en la lista de exclusiones.
¿Ya se establecieron las exclusiones?
Estamos trabajando con el Gobierno para establecer los criterios con los que se elabora esa lista.
¿Qué ha pasado con lo incluido en el Plan de Desarrollo?
La semana pasada, Afidro demandó uno de los artículos del Plan de Desarrollo. Se trata del Artículo 72, que se refiere al registro sanitario que garantiza que un producto sea seguro y eficaz.
Este señala que el Invima debe incorporar, en su análisis para otorgar el registro, el tema del precio y el costo-beneficio. Es decir, le asigna responsabilidades diferentes a las técnicas. No estamos pidiendo que no se haga el análisis de precios y de costo-beneficio, sino que estos no pueden ser factores para otorgar el registro sanitario. Esos análisis deben realizarse con posterioridad.
¿Qué consecuencias puede traer esa medida para el sistema?
La consecuencia inmediata es que muchos productos no ingresarían al país. Estoy hablando de medicamentos especializados, de alto costo, que pueden ser suministrados por seguros privados o pagados por particulares.
"Sentimos que en 2016 ha habido
un deterioro de la cartera, en
comparación con el año anterior".
¿A partir de cuándo se va a aplicar ese artículo?
Está pendiente de la reglamentación. Pero eso les quita a los colombianos el derecho a contar con los mejores productos para sus tratamientos.
¿Cuáles son las preocupaciones en materia de propiedad intelectual?
La más grave es que ha sido demandado el decreto que garantiza la reserva de los datos de pruebas clínicas a las empresas que realizan investigación. Eso pone en riesgo la confidencialidad que está protegida. Pero alguien demandó la norma y estamos en esa discusión.
¿Y qué opinan del caso de la licencia obligatoria?
Este sí es un problema grave. Cuando alguien investiga y llega a un nuevo producto tiene derecho a que el Gobierno le otorgue una patente que protege su esfuerzo científico. Pero en los tratados internacionales está previsto que en casos excepcionales esa patente puede desconocerse. Así se configura la licencia obligatoria.
El Gobierno expide una comunicación que indica que hay razones de interés público para desconocer la patente y permite que otros laboratorios produzcan el medicamento protegido, para atender una emergencia.
¿Eso es lo que está pasando con un producto de Novartis?
Sí. Se trata de un tema relacionado con el producto Glivec, contra el cáncer. El Gobierno atendió una recomendación de un comité del Minsalud para que expida una licencia obligatoria, es decir, que levante la patente a Novartis, a fin de que otras empresas lo fabriquen. El problema es que el único argumento es el precio. No se trata de que haya una calamidad pública, una pandemia u otra emergencia que lo justifique.
¿Pero entiendo que el precio es muy alto?
Lo más curioso es que el producto está bajo control de precios, es decir, hace parte de esa lista de casi 300 medicamentos controlados. Si al Gobierno no le gusta el resultado de aplicar sus propias fórmulas, lo que tendría que hacer es revisarlas y no sentar este precedente de levantar una patente solo con el argumento del precio.
Otro punto es que el producto tiene competencia en el mercado.
Así mismo, cuando una patente se rompe solo por precios, eso afecta la seguridad jurídica del país, no solamente en el campo de la salud, sino en todo tipo de inversiones. Por definición, no se puede hablar de un abuso con su precio porque este fue fijado por el Gobierno y está en la lista de medicamentos controlados.
