La reforma pensional, que fue recientemente aprobada, ha sido una de las razones de división y análisis en el país durante las últimas semanas.
A pesar de que este proyecto de ley tiene implicaciones que aplican mayormente a las personas naturales, varios de estos cambios impactarán a las empresas.
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Las empresas, claramente, están involucradas, pues son estas las que, a fin y acabo, son las que fungen como el escenario donde los trabajadores pueden acumular semanas de trabajo y ahorrar para su retiro.
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"Es indispensable que las empresas tengan conocimiento de los cambios y estén capacitadas para afrontar de la mejor manera la nueva estructura pensional que será aplicada a sus trabajadores. Esta medida no sólo responde a su deber de proporcionar la asistencia adecuada a su personal, sino también la previsión en la atención oportuna de sus obligaciones", afirmó María Camila Ortiz, gerente de servicios legales de KPMG.
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Desde KPMG se asegura que entre las implicaciones que traerá esta reforma para las compañías se prevén algunas disposiciones; como la exposición a mayores cargas administrativas, debido a la facultad para solicitar el reconocimiento de la pensión de vejez en nombre del trabajador o la posibilidad de descontar de los honorarios de sus contratistas el monto de las cotizaciones.
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También hacen mención de la necesidad de ejercer un riguroso control de los aportes a pensión pues, en caso de incumplimiento, el empleador y/o empresa contratante tendría que responder por la totalidad del tributo; o la importancia de reevaluar y adaptarse a las nuevas reglas del fuero de pre-pensionado, considerando que las personas podrían tener diversas posibilidades para obtener una pensión anticipada de vejez.
(Además: 3 de cada 10 colombianos podrían pensionarse anticipadamente: estos son los requisitos).
El Observatorio del Mercado Laboral de la Universidad del Rosario fue uno de los centros de estudios donde se hizo un análisis del proyecto de reforma al sistema general de pensiones y otra de las implicaciones que mencionó fue el tema laboral, afirmando que esto, a la larga, podría incidir en cifras relacionadas al desempleo y la informalidad.
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“Esto podría generar un aumento en la informalidad laboral, lo cual sería contraproducente para los objetivos de la reforma”, se destaca en el informe.
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Esto ha llevado a diferentes actores políticos a proponer espacios de concertación para tratar sobre soluciones que sean en beneficios de todos los actores que hacen parte del tejido social y económico del país, tal como insistió la senadora del partido Alianza Verde, Angélica Lozano.
“Necesitamos un espacio donde el Gobierno, los empresarios, los sindicatos y la sociedad civil puedan sentarse y trabajar juntos en una reforma que realmente responda a las necesidades del país y garantice la sostenibilidad del sistema pensional”, afirmó.
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