La Superintendencia de Sociedades anunció este lunes una multa por $130.000.000 contra las empresas Valorcon S.A. (en reorganización), Equipo Universal S.A. e Inversiones Milenium Azcipo S.A.S., por no revelar, en el registro mercantil, que pertenecían al grupo empresarial conformado con Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S. (en reorganización), Nuevo Aeropuerto de Barranquilla S.A.S. (en liquidación) y Operadora Aeroportuaria del Caribe S.A.S.
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Como resultado de una investigación administrativa se identificó que estas empresas cuentan con una participación mayoritaria en el capital de Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S. y de Operadora Aeroportuaria del Caribe S.A.S. que no fue informada.
Además, se estableció una vinculación contractual dominante con Nuevo Aeropuerto de Barranquilla S.A.S.
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Aeropuerto Ernesto Cortissoz
Prensa Aeropuerto
Durante la actuación administrativa quedó demostrado que las subordinadas fueron constituidas con el propósito de servir como vehículos jurídicos para la celebración y ejecución del Contrato de Operación y Mantenimiento del Aeropuerto Ernesto Cortíssoz y que los controlantes en forma conjunta han tenido finalmente el máximo poder decisorio dentro de la estructura societaria.
Adicional al control, se verificó la existencia de unidad de propósito y dirección.
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Las compañías investigadas como integrantes del “Grupo Proponente Original” o “Líderes de la Estructura Plural” conservan la posibilidad de controlar a las sociedades Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S., Nuevo Aeropuerto de Barranquilla S.A.S. y Operadora Aeroportuaria del Caribe S.A.S.
Al respecto el Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, destacó que “la revelación de las situaciones de control y/o de grupo empresarial es de interés público, por cuanto existe un riesgo para las diferentes personas que interactúan con las empresas, cuando no se conoce la identidad de las verdaderas matrices o controlantes y de todas las entidades vinculadas. La publicidad de las estructuras de control y de los grupos empresariales puede resultar fundamental para las autoridades correspondientes, al analizar potenciales conflictos de intereses de los administradores sociales, responsabilidades de los controlantes, realidad de las operaciones entre vinculadas, consolidación de estados financieros, evaluación de riesgos y efectos en casos de insolvencia”.
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Las sociedades investigadas y vinculadas pueden interponer los recursos de ley contra esta decisión. Desde la Superintendencia de Sociedades seguiremos trabajando por garantizar el pronto y debido trámite de las actuaciones administrativas sometidas a nuestro conocimiento.
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