La inseguridad en las vías y el decrecimiento en la economía tocaron las finanzas de las empresas de transporte. Según sus reportes, debido a las subidas en los costos, cierres viales, extorsión en las vías y aumentos en los precios de los insumos, poco a poco se han ido ahogando los números.
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Según Colfecar, gremio de los transportadores de carga, a julio, debido a los más de 1.090 bloqueos y cierres viales presentados durante el último año y medio, han perdido $5 billones, teniendo en cuenta el lucro cesante, la necesidad de tomar rutas alternas, quedar en el bloqueo hasta por varios días y la pérdida, en algunos casos, de las mercancías.
“Los innumerables cierres viales por causas de la naturaleza y graves fallas en la infraestructura vial han obligado a tomar rutas alternas que no están en buen estado, implicando recorridos mucho más largos, generando en consecuencia sobrecostos en mantenimiento de los vehículos y mayor consumo de combustible, sumado a una ola de inseguridad en donde se han recrudecido delitos que no veíamos hace más de 24 años con serias consecuencias para el sector como la extorsión a empresarios, cobro de vacunas a conductores, incineración de vehículos de carga y pasajeros, hurtos, entre otros, en los que el sector transportador es una víctima más”, dijo al respecto Nidia Hernández, presidenta ejecutiva de Colfecar.
En el ranking por bloqueos, el departamento de Bolívar encabeza la lista con más cierres en las vías, con 58 sucesos en lo corrido del año, seguido del Atlántico con 57, Cauca con 32, Sucre con 26, Córdoba y Antioquia con 25 cada uno y Valle del Cauca con 24. Los departamentos con menos bloqueos son Tolima y Norte de Santander con seis cada uno, Caldas con cinco y Putumayo con uno.
Por periodo, si bien en mayo se presentaron 85 bloqueos, el mayor número del año, en julio se presentaron 67.
“Se requiere garantizar que los recursos del programa de seguridad en carreteras se utilicen realmente para la seguridad, en dotación y quipos de las fuerzas militares y de policía, no asignándolos a otros programas de instrumentalización de carreteras, que no nos van a ayudar a solucionar los problemas que tenemos en materia de seguridad”, explica Hernández.
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Archivo EL TIEMPO
Agrega que además hay que solucionar los más de 20 convenios que no están operativos entre la Policía de carreteras y las concesiones, lo que afecta la disponibilidad de equipos para la prestación del servicio en algunas vías concesionadas y “generar un protocolo claro de intervención, para los constantes casos de bloqueos en vías nacionales, un protocolo en el cual se priorice el diálogo, pero se tengan unos tiempos máximos para garantizar también lo derechos de los usuarios de las vías que se ven afectados por estos constantes bloqueos”.
En materia de infraestructura también encuentran desafíos importantes que le piden al Gobierno solucionar. El más importante es resolver dificultades en las vías de manera definitiva y no solo temporal, sobre todo aquellas que están a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías).
“La dinámica de atención de emergencias por parte del Invías ha permitido la atención de desastres, pero no soluciones a largo plazo, lo que nos deja con riesgos latentes y pasos restringidos como el caso de El Tarra en Norte de Santander. Además, se deben definir los recursos para terminar las obras del túnel del Toyo que hoy en día está en riesgo de pasar del túnel más largo de América a ser el elefante blanco más grande de América, así como una estrategia para terminar el proyecto Pacifico 1, el único de los tres pacíficos que no ha podido terminar y está pendiente de solo el 4 %, además de los eventos eximentes de responsabilidad que afectan al proyecto”, dice.
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Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO
Pero adicional a las afectaciones en su operación, señalan que los volúmenes de carga en el sector se han visto gravemente disminuidos por cuenta del comportamiento que han tenido sectores como la industria (-5,9 %), el comercio (-0,8 %), la construcción (0,7 %) y el sector minero (-1,5 %) los cuáles son los que generan las mercancías. En materia de comercio exterior el panorama también es negativo, pues la carga ha caído en las ciudades con puertos también (al primer trimestre Buenaventura un 18 %, Cartagena un 11 % y Santa Marta un 18 %).
“En materia económica nos encontramos al borde del colapso. Mientras los ingresos del sector están disminuyendo, los costos también se encuentran presionados al alza por cuenta de la devaluación del peso frente al dólar cuando todos los insumos, repuestos y vehículos son importados, las tasas de interés que aún no bajan. Además, este año los peajes se incrementarán dos veces contando la subida de agosto; así como la incertidumbre en materia laboral (por la reforma en el Congreso) y el resultado de las mesas técnicas de combustibles con el Gobierno nos tienen preocupados”, señaló Hernández.
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Para aliviar un poco estas cargas sobre los hombros del sector, piden no solo cambiar la fórmula del precio del diésel y apostarle a la seguridad en las vías, sino también reducir los altos índices de informalidad en el sector, en donde han insistido en que se debe garantizar que el 100 % de las empresas de transporte reporten información al Registro Nacional de Despachos de Carga (Rndc), hoy la tasa de evasión es del 49 %.
“Del mismo modo, deberá garantizar el cumplimiento del SICE-TAC a todos los actores de la cadena logística, conforme lo determinan las normas que regulan al sector, de manera que se proteja al eslabón más vulnerable en un contexto en donde por los bajos niveles de carga los pagos no son justos y muchas veces están por debajo de lo que determina la ley”, concluyó la dirigente gremial.
PAULA GALEANO BALAGUERA
Periodista de Portafolio
