El debate sobre la propuesta del Gobierno Nacional de ampliar el esquema de las inversiones forzosas a otros sectores de la economía está al rojo vivo pero ni quienes la proponen han sabido exponer claramente sus objetivos ni los opositores parecen no entender el funcionamiento de este sistema.
Se aventuran a hacer suposiciones que afectan la confianza del sistema financiero, incluso algunos políticos han salido a la calle a preguntarle a la gente si están de acuerdo de entregar sus ahorros al manejo del presidente Petro, nada técnico pero crean mayor incertidumbre.
Las inversiones forzosas de la banca en Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA) son una herramienta financiera implementada por el Estado para canalizar recursos hacia el sector agropecuario creada desde 1973.
Estas inversiones obligan a los bancos a destinar un porcentaje de su liquidez a la compra de Títulos de Desarrollo Agropecuario-TDA, que son emitidos por el Banco de la República y administrados por Finagro, los cuales ofrecen un nivel de seguridad que reduce el riesgo de estas inversiones. Desde su implementación hace más de 50 años, este esquema ha sido un pilar importante para irrigar recursos al campo, permitiendo la financiación de proyectos productivos que de otro modo no tendrían acceso a crédito.
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Inversión
Sin embargo, del total de dichas inversiones solamente el 20% se destina a financiar proyectos agropecuarios de pequeños y medianos productores a través de redescuento, y el restante 80% se registra en Finagro como cartera sustitutiva en proyectos que poco o nada tienen que ver con el sector agropecuario, una gran imperfección de este tipo de cartera que fue creado por el Banco de la República.
Durante más de tres décadas, Finagro ha logrado canalizar recursos hacia el sector agropecuario, a pesar de las imperfecciones ya señaladas anteriormente.
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No obstante, cualquier modificación a este sistema debe ser evaluada cuidadosamente para evitar riesgos innecesarios tanto para el sector financiero como para los ahorradores.
El principal riesgo de ampliar ese esquema a otros sectores es que, al diversificar demasiado las inversiones forzosas, se diluye el enfoque y la efectividad del apoyo al sector agropecuario que es el único instrumento de apoyo que le queda a los campesinos.
Inversión
Un mayor porcentaje de inversiones forzosas al sistema financiero afecta la rentabilidad a los ahorradores, más no representa mayores riesgos de impago mientras se maneje con el modelo que actualmente se hace. Si se cambia a otro modelo menos riguroso, como girar esas inversiones a un fondo del Gobierno sin respaldo en títulos de deuda y se abandona la metodología que viene aplicando el Banco de la República y Finagro actualmente el riesgo es latente porque abre la puerta de que estos recursos se desvíen a otros fines generando una gran incertidumbre sobre la recuperación de los mismos.
El asunto principal que debe responder el Gobierno es para qué requiere más inversiones forzosas si ni siquiera en el sector agropecuario ha logrado canalizarlas en un alto porcentaje de recursos.
El año pasado, unos 20 billones de pesos, el 80% de las inversiones forzosas fueron registradas como cartera sustitutiva, es decir, no entraron a Finagro como TDA’s sino que directamente la banca los colocó en créditos para actividades con poca o nula relación con las actividades agropecuarias.
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Aquí lo que está de por medio es un esquema ineficiente de obtener flujos suficientes de recursos que no logran ser trasmitidos eficientemente a los pequeños y medianos productores agropecuarios. Es como tener un cohete y desplazarse en una carreta jalada por caballos.
En ese orden de ideas, lo primero que se tiene que hacer es construir el modelo financiero y el esquema para irrigar esos recursos a la economía popular y a los sectores que considere prioritarios, luego ver si es necesario disponer de recursos adicionales que justifiquen ampliar el porcentaje de las inversiones forzosas, al igual que valorar el mayor riesgo que esto implica para la banca. Hoy es poco lo que se ha logrado avanzar en el objetivo de colocar más de un millón de créditos para la economía popular porque se carece de un modelo operativo que sincronice a las distintas entidades financieras comprometidas en este propósito, empezando por el Grupo Bicentenario.
Una alternativa a la propuesta del Gobierno Nacional es que al actual Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, SNCA, se le modifiquen los porcentajes de destinación, dejando como mínimo un 50% a este sector (operado por Finagro), unos 12 billones de 2023 y el restante 50%, otros 12 billones, se destinen a financiar los otros sectores, creando en el Banco de la República un nuevo título con ese fin administrado por Bancoldex; de esta forma, no hay necesidad de crear un nuevo sistema de inversión forzosa ni aumentar los porcentajes a la banca, además de lo complejo y del tiempo que requiere para implementarlo.
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En conclusión, es crucial que el gobierno precise los objetivos concretos de la propuesta, los sectores que quiere fomentar, los mecanismos de acceso y el modelo para irrigar los recursos.
Lo que no puede pasar es que se tenga una fuente inagotable de financiación de proyectos a pequeños empresarios sin contar con un modelo eficiente y probado que supere las trabas y las demoras que hoy tienen en el Banco Agrario para acceder a un crédito o transferir esos recursos a las microfinancieras cuyo costo del crédito es mucho más alto que la banca comercial.
JESÚS ANTONIO VARGAS OROZCO
Consultor empresarial.
jesusvargas.orozco@gmail.com
