La independencia judicial, definida como la ausencia de indebida injerencia política en la administración de justicia, es un requisito fundamental para las libertades públicas y la existencia de un Estado social Derecho como el nuestro, que debe proteger la integridad y la supremacía de la Constitución Nacional.
La independencia de las altas Cortes y sus magistrados, así como de los jueces y fiscales de la República, es, a la vez, esencia y garantía de la separación de poderes, de la democracia misma, que frena los arrebatos políticos de orden autoritario, e incluso de tinte autocrático, que por estas calendas asoman sus orejas desde la Casa de Nariño. El funcionamiento autónomo e independiente de las altas Cortes y de la Fiscalía General permite el trabajo armónico con las otras ramas del poder público, en particular con el Ejecutivo, sin una relación de obediencia o de subordinación, como le gustaría al mandatario de los colombianos.
Los fallos de las altas Cortes son, por lo general, en derecho y no responden ni obedecen a las preferencias caprichosas personales, o incluso políticas, de sus magistrados.
Cualquier discrepancia con sus sentencias se puede gestionar por las vías constitucionales y legales establecidas. Si desde la tribuna o la palestra pública, o desde las redes sociales, los elevados jerarcas del Gobierno cuestionan sus fallos, se vulnera la institucionalidad de la justicia y se pone en riesgo el funcionamiento de la democracia, que pretende y debe salvaguardar.
En estos días, el jefe de Estado y su ministro de Salud han pretendido propagar la especie según la cual “las Cortes con sus fallos no dejan gobernar”. La administración Petro tiene una imagen de sí misma que no responde a la realidad. Sus funcionarios están convencidos que hacen un buen gobierno, cuando la realidad y las encuestas de opinión confirman que es todo lo contrario. Como el Gobierno no tiene capacidad de autocrítica, piensa que todo lo hace bien, cuando la ausencia de gobernabilidad, la carencia de ejecución presupuestal y la falta de dirección política, económica y social son propias de un mal gobierno.
El Ejecutivo se queja de varias de las sentencias de inconstitucionalidad que, supuestamente, no los dejan gobernar, entre las cuales sobresalen las disposiciones que prohibían la deducibilidad de las regalías del impuesto a la renta y la emergencia económica y sus decretos -leyes en favor de La Guajira-. Fallos que reflejan la impreparación jurídica por parte del Gobierno, que piensa y actúa como si estuviera por encima de la Constitución Nacional. Pareciera que para la administración Petro, la norma suprema fuera gobierna mal y acertarás.
Con esta filosofía, decidieron echarle la culpa a los demás de sus desgracias y buscar chivos expiatorios de sus culpas, del mal gobierno, a las altas Cortes y a la Fiscalía General.
ANDRÉS ESPINOSA FENWARTH
Miembro del Consejo Directivo del ICP
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